jueves, 27 de junio de 2013

Tasa de actividad laboral está en su peor nivel desde el año 2000

Ortíz destacó que la tasa de desempleo, si bien muestra una tendencia a la baja, está entre las más altas de la región latinoamericana GABRIELA PULIDO

De acuerdo a los datos, cada trabajador sostiene a 2,2 personas


UHELIS TEJERO PUNTES |  EL UNIVERSAL
jueves 27 de junio de 2013  12:00 AM
El catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Eduardo Ortíz, manifestó que la tasa de actividad laboral en Venezuela cerró el año pasado en su nivel más bajo en 12 años, "lo cual indica que algo anda mal en el mundo del trabajo".

En tal sentido, puntualizó que al culminar 2012 el índice de actividad se situó en 64%, si se calcula con respecto a la población mayor de 15 años de edad. Pero si se compara con la población total, el porcentaje de actividad bajó hasta 45%.

Esto significa que cada trabajador sostiene a 2,2 personas, según sostuvo Ortíz durante el coloquio "Alberto Adriani sobre política económica: tiempos de cambio" que organizó la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

El profesor de la UCAB señaló que, aunque ciertamente existe una tendencia a la baja, la tasa de desempleo de 7,4% registrada en la segunda mitad del año pasado es de las más altas de la región latinoamericana, junto a República Dominicana y Colombia.

En lo que respecta a la calidad del empleo, Ortíz recordó que desde hace años la informalidad arropa a casi la mitad del total de la población ocupada, y que el año pasado la tasa fue de 42,1%. Informó que casi un tercio de los trabajadores del país eran no profesionales por cuenta propia, y que cerca de un 10% eran empleados y obreros en empresas informales.

En otros aspectos, Ortíz se refirió a la productividad generada por el trabajo y señaló que en 2012 la mitad de la población ocupada laboraba entre 30 y 40 horas semanales, lo que posiblemente se reduzca tras el recorte de la jornada que entró en vigencia en mayo pasado.

La remuneración mínima que percibe el venezolano ha crecido en términos reales, según afirmó Ortíz, 20,8% desde 1999, mientras que el avance inflacionario ha sido superior a 2.000% en los últimos 13 años.

En lo que se refiere a la participación promedio del trabajo en el ingreso nacional, añadió que representa poco más de 30% desde el año 2000, lo que no significa un gran viraje con respecto a los niveles registrados antes del inicio del proceso socialista en el país.

Por su parte, el economista Ángel García Banchs destacó que la inyección de cuantiosos recursos para atender los temas sociales no se han traducido en un incremento de la productividad laboral, debido a que han sido utilizados con fines políticos.

"Mientras los programas sociales implican un período de asistencia, uno de capacitación y uno final de inserción en la esfera productiva, los políticos sólo implican asistencia", dijo durante su participación en el coloquio realizado ayer en la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

En tal sentido, señaló que si los programas sociales hubieran sido productivos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) habría sido mayor. Las propias misiones, aseguró, son para alcanzar objetivos políticos.

García Banchs destacó que el desempleo y el subempleo se han convertido en mecanismos que permiten alimentar un modelo clientelar. Afirmó que ese patrón implica una relación de dependencia entre los ciudadanos y el Estado y no al revés.

Médicos protestaron para exigir jubilación

 

 Fueron atendidos por recursos humanos de Corposalud

Un grupo de médicos adscritos a Corposalud que está a la espera de su jubilación protestó en las puertas de la Gobernación, a fin de reclamar atención y solución a los problemas que están presentando. De forma pacífica, reiteraron que llevan más de 40 años de servicio y aún no reciben los beneficios que por ley merecen.

Patrick Hackshau, uno de los afectados, manifestó que son más de 200 profesionales de la medicina del Hospital Central de Maracay y otros centros asistenciales, quienes deben ser desincorporados de sus cargos para poder integrar a las nuevas generaciones. Señaló que desde 1996 se paralizaron las jubilaciones y cada día aumenta el número de personas en condición de jubilación. La Dirección de Recursos Humanos de Corposalud atendió el reclamo y se comprometió a revisar el problema.

Franlia Rodríguez H
frodriguez@elperiodiquito.com
Foto José Rafael Rosas

http://www.elperiodiquito.com/article/104014/Medicos-protestaron-para-exigir-jubilacion

Eventuales de Corpoelec exigen incorporación en nómina fija

Un empleado de esta modalidad solo trabaja 45 días continuos y luego es sacado del sistema por unos dos meses y no perciben beneficios laborales

Este jueves los trabajadores eventuales de Corpoelec Carabobo protagonizaron una protesta pacífica en las inmediaciones de la avenida Lara con Feria del municipio Valencia, para exigir a la compañía eléctrica que los integre a la nómina fija de trabajadores, pues -a su juicio- están actuando fuera del rango de la actual Ley Orgánica del Trabajo.

Javier Vásquez, analista comercial eventual de Corpoelec, explicó que más de 350 trabajadores laboran de forma eventual para la corporación eléctrica. “Un personal eventual trabaja 45 días continuos, al culminar ese lapso somos sacados de la empresa por dos meses más o menos, entonces no cobramos beneficios, y a veces tardan hasta tres meses para pagarnos lo que trabajamos”.

En este sentido, exhortó al ministro de Energía, Jesse Chacón, para que explique cuál es la posición que ocupan estos trabajadores dentro de la mencionada empresa, pues -a su juicio- están por un rango inferior a los trabajadores tercerizados. “Esto es una aberración, queremos que nos digan qué somos, estamos por debajo de un tercerizado que ya para la ley eso no existe, somos trabajadores que tenemos casi 10 años trabajando así por necesidad”, apuntó.

Leomara Cárdenas
lcardenas@elperiodiquito.com
Foto Gabriel Yezzi

http://www.elperiodiquito.com/article/103991/Eventuales-de-Corpoelec-exigen-incorporacion-en-nomina-fija

La situación universitaria en su peor crisis


La huelga de hambre es la forma de protesta más pacífica, pero también la más peligrosa porque se pone en riesgo la vida de quienes la realizan.


En Lara, estudiantes y trabajadores vinculados al quehacer universitario realizaron una huelga de este tipo que se prolongó durante 16 días, tiempo que duró el joven estudiante de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Sergio Rodríguez en ayuno prolongado.


La protesta se lleva a cabo de forma paralela en varias regiones del país, pero en Lara los involucrados decidieron hacer un alto, el martes 25 de junio al mediodía, para “continuar la lucha por la dignidad universitaria y un mejor presupuesto mediante otras tácticas”.


La huelga de hambre local tuvo eco entre la comunidad universitaria, sin embargo el resto de la sociedad larense permaneció un tanto distante a lo que sucedía, tal y como ocurrió en el seno del ejecutivo nacional. Ante esta realidad, los estudiantes decidieron detener la medida para contribuir en la defensa de la autonomía universitaria, a raíz “de la violación al Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA”, que ocurrió el jueves 20 de junio.


Hasta la fecha trabajadores administrativos, estudiantes y profesores universitarios han puesto en riesgo sus vidas para llamar la atención y obtener respuestas de entes del gobierno.


En la región larense, alrededor de 8 universitarios, entre estudiantes y administrativos, formaron parte de la huelga de hambre. Muchos debieron ser retirados por el rápido deterioro que presentaron desde el punto de vista físico. Una de las estudiantes, debió ser retirada tras una protesta y quema de cauchos frente al edifico rectoral, donde se encontraban los huelguistas.

La acción se llevó a cabo por parte de miembros de la comunidad universitaria de la UCLA y de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo- Barquisimeto), y desencadenó toda una logística interna que incluyó la participación de otros estudiantes, médicos y familiares, quienes en todo momento velaron por la salud de los que manifestaron públicamente su decisión de participar, tras un respectivo chequeo médico.


Las protestas por la educación en Venezuela comenzaron el pasado 4 de junio con estudiantes y profesores como protagonistas para exigir al Gobierno que destine mayores recursos al sector, así como la homologación de las becas estudiantiles a un monto igual al de los estudiantes de las universidades oficiales. Los estados involucrados han sido Mérida, Trujillo, Carabobo, Aragua y Distrito Capital.


La postura del gobierno oficial respecto al conflicto universitario es que “se trata de un sabotaje de la derecha universitaria". El presidente Nicolás Maduro ha asegurado que los manifestantes piden "un imposible" porque el Gobierno ya destina muchos recursos a la Educación Superior, por lo que les ha instado a "pedir cuentas a los rectores".


Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha recomendado al Gobierno que "se tome en serio" la protesta universitaria, considerando que sus afirmaciones evidencian que "no tiene ni idea" de la situación real de las universidades públicas.


En los últimos tres años se ha recurrido al ayuno como forma de protesta en más de 300 oportunidades, según organizaciones del país que estudian el fenómeno.


Fotos: Elías Rodríguez y Simón Alberto Orellana/Archivo 

Evaluarán situación de Lácteos Los Andes en el Ministerio del Trabajo

Este miércoles se realizó una reunión previa en el estado Lara para repasar algunos aspectos, entre ellos, los problemas de adquisición de divisas de la empresa estatizada y el contrato colectivo.

YANETH FERNÁNDEZ |  EL UNIVERSAL

Caracas.- Directivos y trabajadores de Lácteos Los Andes sostendrán este jueves una reunión en el Ministerio del Trabajo para evaluar la operatividad de la empresa y las demandas laborales.

Este miércoles sostuvieron un encuentro previo en el estado Lara, donde se evaluaron los problemas de adquisición de divisas de la empresa estatizada, inversión, recuperación de los niveles de producción, seguridad industrial y la contratación colectiva.

Según indicó Orlando Chirinos, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores, las expectativas de los trabajadores es que haya respuestas positivas a los diferentes planteamientos.

Chirinos señaló que también está planteada la necesidad de avanzar en el cambio de gestión de las industrias estatizadas, enfocado en una gestión compartida entre los trabajadores y las comunidades. Manifestó que las relaciones de trabajo siguen siendo vertical, "de patronos y explotados", contrarias a los supuestos planes del Gobierno.

Desde la semana pasada, trabajadores de Lácteos Los Andes han realizado protestas para exigir la discusión del contrato colectivo, que lleva vencido de entre tres y cinco años dependiendo de las distintas plantas.

 

En 95 % se cumple paro de trabajadores de la construcción

Dirigentes sindicales de la construcción prevén que hoy se mantenga la paralización de las actividades durante dos horas. (Archivo: Vannyver Viloria)
Por Daniela García / Maracaibo / dgarcia@laverdad.com

Luis Valles, miembro de la Federación de Trabajadores del sector, indica que la mayoría de la masa laboral acató el llamado de suspender sus actividades como medida de presión para exigir un aumento salarial.

En 95 por ciento se cumplió la paralización que iniciaron ayer los empleados de la construcción en la obras de infraestructura de las empresas privadas.
Luis Valles, miembro de la Federación de Trabajadores del sector, indica que la mayoría de la masa laboral acató el llamado de suspender sus actividades como medida de presión para exigir un aumento salarial.

La acción se llevó a cabo debido a que la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), asociación que agrupa a las empresas privadas, se niega a reconocer el incremento de 25 por ciento que solicitan los trabajadores para 2013, 2014 y 2015.

Para hoy se tiene previsto que la paralización, que afecta a proyectos comerciales y habitacionales, se haga durante dos horas, entre las 7.00 y 9.00 de la mañana.
Ayer en la tarde se desarrolló una reunión entre los directivos de la CVC, en Caracas, en la que se analizó el impacto del paro laboral convocado por los sindicatos.

Valles afirmó que espera que del encuentro de la organización surja la decisión de aceptar el incremento de 75 por ciento en los próximos tres años que exigen los trabajadores.

De acuerdo con los cálculos de los sindicatos, el paro es contra 80 mil constructoras privadas en todo el país, para las cuales laboran 400 mil empleados.


Sindicatos de construcción profundizarán acciones

Trabajadores de la construcción exigen aprobar cláusulas económicas como el HCM, vivienda y fondo de jubilación

Las cámaras empresariales deben honrar el pago del aumento salarial de 25% a partir del 1º de mayo, afirmaron dirigentes obreros

Las acciones y protestas de calle de los trabajadores de la construcción realizadas en varios estados del país continuarán y se profundizarán hasta lograr la aceleración de las negociaciones del contrato colectivo y el pago por parte de los patronos del aumento salarial 2013 de 25%, a partir del primero de mayo pasado.

Luís Maíz y Pedro García, directivos de la Federación de Trabajadores de la Construcción e integrantes de la comisión negociadora de la convención colectiva 2013-2015, informaron que desde la semana pasada realizan acciones de calle y no descartan ir al paro para que les paguen el incremento salarial y se finiquite pronto la negociación de las cláusulas pendientes de la convención colectiva, la cual ampara a todos los trabajadores del ramo a escala nacional.

Maíz destacó que es crucial la reunión de hoy en el Ministerio del Trabajo entre las cámaras Bolivariana y de la Industria de la Construcción y las federaciones de trabajadores Fetraconstrucción (independiente) y Fenac y Funcac (bolivarianas), donde la representación obrera exigirá acuerdos en las otras cláusulas económicas como el HCM, la vivienda y el fondo de jubilación.

El 20 del presente mes la Cámara Bolivariana aceptó aplicar el aumento salarial de 75%, a partir del primero de mayo, distribuido en 25% para 2013, 2014 y 2015. García refirió que la otra cámara no se ha manifestado al respecto y el Ministerio del Trabajo exige que todas las partes involucradas suscriban el acuerdo.

Otro punto del contrato colectivo es la declaración de principios, en la cual se conmina al Gobierno a aplicar políticas que detengan la violencia sindical, el sicariato y la impunidad de los culpables dentro del sector construcción. Sobre la creación de las milicias obreras, García y Maíz indicaron que esa figura está hace tiempo en el sector construcción.

Rechazan intento de Bauxilum de despedir a cinco trabajadores

Los empleados acudieron ayer al Ministerio del Trabajo acompañados de otros trabajadores que les dieron su apoyo


Silva: “Aquí lo que hay es una triquiñuela política y se persigue que sean declaradas con lugar las calificaciones”
Los directivos del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina, Bauxita y sus Derivados (Sutralúmina-Bolívar): Luis Calderón (secretario de acta y correspondencia), Richard Potellá (secretario de seguridad social) y los trabajadores David Torres, José Gil y Jesús Bracho, calificados de despido por CVG Bauxilum, se presentaron ayer en la Inspectoría del Trabajo.

Los cinco empleados recibieron la notificación la semana pasada, una medida que no dudan de calificar de “política” puesto que coincide con la activación de un referéndum contra la directiva de Sutralúmina Bolívar.






Frank Silva y Ernesto Hurtado, ambos representantes legales de los empleados, explicaron que “aquí lo que hay es una triquiñuela política y se persigue que sean declaradas con lugar las calificaciones aun cuando no hay mérito para ello. Simplemente se trata del cumplimiento de líneas políticas de la alta gerencia de la empresa, en componenda, porque tengo experiencia con el caso de los despedidos de Ferrominera Orinoco, con el Ministerio de Trabajo”.

Silva agregó que “lamentablemente existe una funcionaria del Trabajo al estilo Harry Potter, la innombrable, pero es quien decide y no aparece firmando en ningún lado. Esta lucha apenas acaba de empezar. Hoy hicimos el acto contestatario, sigue el proceso probatorio, de evacuación de pruebas y 15 días para decidir, cosa que nunca se cumple”.

 

Gestión en la mira

Por su parte Luis Calderón expresó que “el presidente de Bauxilum José China fue trabajador, dirigente sindical y actualmente es el presidente. En 19 años que tengo en la planta nunca antes se había atentado contra los trabajadores de esta forma como lo ha hecho China, él de alguna manera acabó con nuestro contrato colectivo, ha sido la gestión de gobierno con más dinero y donde está la peor producción existente en la historia de la empresa”.

A juicio del secretario de actas y correspondencia de Sutralúmina el actual presidente de Bauxilum “ha llevado a la empresa a una ruina total en el área de productividad y como trabajadores condenamos este tipo de acción que hace daño a la clase trabajadora y a la política nacional”.

Durante la comparecencia de los empleados en el Ministerio del Trabajo compañeros se mostraron solidarios con su causa. Sobre esto Calderón manifestó que van a seguir “en pie de lucha unidos todos los empleados en contra de esas pretensiones del presidente de CVG Bauxilum de sacarnos del paso”.

Gobierno atento

Richard Potellá, secretario de seguridad social de Sutralúmina, llamó por su parte que “al Gobierno nacional que se hace decir de calle, al propio presidente Nicolás Maduro que le meta el ojo al presidente de Bauxilum, que es José China, quien es el motor que viene atropellando y deshaciendo los derechos y los beneficios de los trabajadores de esta empresa”.

El dirigente sostiene que mientras “José China se opone al proyecto encabezado por Nicolás Maduro. El 80% de los empleados de Bauxilum estamos viviendo en la precariedad, con persecuciones y demás. Pedimos que sea revisado el tren gerencial de la empresa porque están acabando con la tranquilidad de quienes sacan la producción nacional, con la intención de vivir dignamente”.

Los representantes legales de los empleados, Frank Silva y Ernesto Hurtado, afirman que la medida tiene un claro tinte “político” que busca criminalizar la lucha de quienes denuncian situaciones en la planta.

MINERVEN: Los trabajadores cumplen siete días de huelga.


Temen que Minerven acuda a Tribunales para quebrar protesta laboral


María Ramírez Cabello  mramirez@correodelcaroni.com
CVG Minerven no ha respondido a los reclamos de sus trabajadores en cuanto a descalabro operativo y financiero y reducido inventario de maquinarias, insumos e, incluso, equipos de protección personal.

Su único pronunciamiento en torno a la huelga que hoy cumple siete días ha sido para recriminar la protesta y advertir de la imposibilidad de pagar la nómina y otros compromisos laborales.

La empresa prepara un recurso legal para acudir a tribunales e intentar quebrar la protesta, aseguró el secretario de Sutriodics, Exaviel Alexander, quien señaló que los trabajadores asumen la responsabilidad en torno a la huelga, pero en esa misma medida solicitan que el tren gerencial del sector aurífero responda por el declive de la industria, tutelada por CVG Minerven y adscrita al Ministerio de Petróleo y Minería.

“Asumimos la responsabilidad pero quiero que el Estado haga asumir las responsabilidades a quienes dirigen a este sector”.

La huelga que ha reducido aún más el mermado nivel operativo del sector aurífero, considerado “estratégico” por el Ejecutivo Nacional, continuó este miércoles sin variaciones. De acuerdo con Alexander, ninguna autoridad de la estatal se acercó a dar respuesta al reclamo.

“Queremos dejar claro que el objetivo no son sólo los pasivos sino el rescate operativo y administrativo, que se investigue al tren gerencial y que caiga quien tenga que caer”, dijo, al recalcar que los trabajadores han garantizado las condiciones mínimas de operación.

“Aquí no se está amedrentando a los trabajadores, y hemos tenido presencia diaria de efectivos del Ejército y Guardia Nacional con quienes hemos tenido un diálogo fluido”, afirmó.

Aseguró que están manteniendo un clima de paz “porque nuestra protesta no es violenta sino para que rescaten este sector e investiguen a esta gerencia”.

A partir de la firma del decreto de “nacionalización” del oro por parte del presidente Hugo Chávez en 2011, la trasnacional Rusoro y la mixta Venrus que debían pasar a un esquema mixto como lo establecía el decreto, pasaron a ser tuteladas por completo por Minerven, que ya mostraba suficientes signos de deterioro. Alexander, quien laboraba en Venrus, indicó que los trabajadores han apostado al levantamiento de la industria y han hecho propuestas que no han sido escuchadas.

A juicio del dirigente sindical, la desatención del sector aurífero es “un golpe de traición a la patria” y a la memoria del ex presidente Chávez “que promulgó que todo el sector aurífero debía ser dirigido por el Estado venezolano y lo cierto es que ni siquiera podemos pagar nuestra nómina”, concepto subsidiado por Pdvsa.

“Delito” productivo

El dirigente sindical señaló que han garantizado las condiciones mínimas de seguridad y aunque, aseguró, la industria amenaza con descontar los días a los trabajadores en huelga “todos están claros”.

“Los trabajadores están en sus áreas de brazos caídos, y estamos asumiendo el mantener las condiciones mínimas, dejamos pasar a las minas para que se encarguen de chequear las bombas pero aún así la mina Sosa Méndez estaba inundada antes de iniciar la protesta”.

Apuntó que el presidente de la empresa, Franqui Patines, les informó en febrero que el Ejecutivo aprobó 285 millones de dólares y, pese a eso, tienen las mismas deficiencias, incluso, “de insumos como abrazaderas, cauchos y botas”.

Ausentimo preexistente

La huelga iniciada en Minerven el lunes no es la causa del bajo nivel de asistencia de trabajadores a las áreas productivas.

El secretario general de Sutriodics, Exaviel Alexander, indicó que el déficit de transporte para el traslado de personal ocasiona que, en condiciones normales, entre a laborar sólo 40% de los trabajadores.

La baja asistencia de trabajadores profundiza aún más la crisis de la industria, cuyas plantas operan a un tercio de su capacidad. 

Sintraferrominera espera que CVG cumpla con los acuerdos

Los trabajadores reclaman la cancelación de los 15 mil bolívares de anticipo por el retraso en la discusión del contrato.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, advirtió al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Carlos Osorio, sobre la molestia de los ferromineros.
Con cada día que pasa sin haber respuesta al pago de pasivos laborales, los trabajadores evalúan más las posibilidades de ir a una nueva protesta por la definitiva cancelación de los compromisos.

El dirigente comentó que en la reunión de este martes alertó al presidente de la estatal y demás autoridades, que los trabajadores tienen muchas expectativas por el pago prometido y que, de haber una nueva manifestación, les acompañará en el reclamo.
Hasta ahora sólo han avanzado en el punto de cuenta. González dijo haberlo visto y que este debe ser firmado por el presidente de la república, Nicolás Maduro.
Ese fue uno de los compromisos a los que llegaron el pasado 14 de junio, cuando la huelga de los ferromineros cumplía 12 días y fue militarizada la planta.

Protesta vigente

Los trabajadores reclaman el pago de los 15 mil bolívares de anticipo por el retraso en la discusión del contrato, el 50 por ciento de la deuda de los domingos (2006-2012), cumplimiento de beneficios contractuales y discusión del nuevo convenio.
El ejecutivo ha responsabilizado al ex presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, de la crisis de la empresa.

Por ese caso el Ministerio Público imputó al jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Bolívar, Juan Carlos Álvarez Dionisi y al joven empresario Carlos Vieira por legitimación de capitales y asociación para delinquir; Álvarez Dionisi también fue acusado por extorsión e incremento patrimonial.

CSA: Por el fin de la violencia antisindical en Colombia


Escrito por CSA-TUCA   
27/06/13

Acto en São Paulo reunió representantes de la CSA y de tres centrales brasileñas; cónsul colombiano canceló reunión con líderes sindicales y prohibió su entrada en el consulado


La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) convocaron para este jueves, 27/6, una Jornada Internacional de Acción de Solidaridad por Colombia, por causa de la alarmante violencia antisindical en el país. Aproximadamente 3.000 sindicalistas han sido asesinados y muchos más han sido intimidados, amenazados y acosados en Colombia en las últimas tres décadas. El 90% de estos crímenes permanecen bajo la impunidad.
De acuerdo con la CSI, Colombia es el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical. En el año pasado, al menos 18 sindicalistas fueron asesinados y 359 recibieron amenazas de muerte. Muchas son públicas, como las amenazas enviadas por el grupo paramilitar Los Rastrojos en el comienzo del año. 

Realizadas por sectores militares, paramilitares y políticos, las amenazas son direccionadas a sindicalistas vinculados a las tres centrales más grandes de Colombia – la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Única de Trabajadores (CUT) – , así como a organizaciones de derechos humanos.
Para protestar contra esta situación, se reunieron en la mañana de hoy delante del consulado colombiano en São Paulo sindicalistas de la CSA, de la Central Única de Trabajadores de Brasil – CUT (Secretaria de Relaciones Internacionales), de la Unión General de los Trabajadores de Brasil – UGT (Secretaria de Derechos Humanos) y de la Força Sindical (Secretaria de Derechos Humanos y líderes metalúrgicos, químicos, de la construcción civil, de vestuarios, de costura y jubilados).

 

Cita negada

 

La CSA había concretado una cita con el cónsul colombiano en São Paulo, Ramiro Antonio Navia Díaz, para el día de hoy a las 10 de mañana. Por teléfono, él se mostró dispuesto a recibir hasta cinco representantes sindicales brasileños que le entregarían una carta en solidaridad con los trabajadores asesinados en Colombia en los últimos años.

Fue con sorpresa que los sindicalistas que fueron al consulado hoy recibieron la noticia de que no estaban autorizados a entrar en el edificio. Los teléfonos del consulado estaban desconectados y hasta finales de la mañana no hubo ningún contacto con el cónsul. A través del cuerpo de vigilancia del edificio, Díaz dijo que estarían autorizados a pasar solamente personas que tratarían de visas.

 

Laerte Teixeira, Secretario de Políticas Sociales de la CSA, criticó con vehemencia esta actitud, que calificó de anti-diplomática: “Brasil y Colombia siempre han sido países amigos y Brasil siempre ha acogido a los colombianos que vienen a vivir aquí, incluyéndose el señor Díaz. Sin embargo, él se olvidó de las buenas relaciones entre los dos países cancelando la cita y negándose a recibir a los sindicalistas brasileños. Esta es una postura anti-democrática”.

Teixeira también puntualizó que la democracia colombiana se encuentra amenazada por el alto índice de inseguridad pública en el país, dónde la violencia, incluyéndose la antisindical, sigue acompañada de la impunidad: "No habrá democracia mientras no haya libertad de sindicalización”, destacó.

 

Esfera internacional

 

Ruth Coelho, Secretaria de Derechos Humanos de la Força Sindical, recordó que la violencia antisindical en Colombia ya alcanzó la esfera pública internacional: en los últimos años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió diversas denuncias sobre las amenazas y asesinatos de los trabajadores colombianos.

Arlete Dias dos Santos, Asesora de Derechos Humanos de la UGT Brasil, reforzó la necesidad de las atenciones internacionales a Colombia y pidió por la paz en el ejercicio de la actividad sindical en Latinoamérica y en todo el mundo.

Alexandre Bento, asesor de la Secretaria de Relaciones Internacionales de la CUT Brasil, enfatizó que las relaciones internacionales colombianas no deben priorizar solamente el comercio con diferentes naciones: la voz de los trabajadores y los temas laborales también deben ser escuchados por las autoridades.


 


 http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7594%3Aato-colombia-sp&catid=23%3A-1&Itemid=258&lang=es#.Ucygjw23Y2c.facebook