viernes, 16 de mayo de 2014

ONG, víctimas y organizaciones sociales, rechazaron la criminalización de los defensores de Derechos Humanos

Este martes 06.05.14 las organizaciones de derechos humanos Observatorio Venezolano de Prisiones, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Caritas Los Teques, Acción Solidaria, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), acompañadas de víctimas y familiares de víctimas y las organizaciones sociales Fundación Asperger de Venezuela, Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), Alianza Sindical Independiente (ASI), Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), ofrecieron una rueda de prensa para expresar su rechazo a la política de criminalización de la labor de las ONG de derechos humanos y de los defensores y activistas que cumplen la misión de velar por los derechos de todas y todos los venezolanos.
Provea ha reiterado que es responsabilidad del Gobierno Nacional, las posibles agresiones que puedan producirse contra los defensores y activistas y sus familiares
“Hemos observado de parte del Gobierno Nacional una serie de ataques contra activistas de derechos humanos, que significan desde el punto de vista político, una amenaza para el trabajo que realizan las organizaciones y los activistas de derechos humanos”, expresó Marino Alvarado, Coordinador General de Provea.
Las recientes declaraciones del Ministro de Interior, Justicia y Paz señalando a los defensores de derechos humanos Humberto Prado, Rocío San Miguel y Gónzalo Himiob de formar parte de un supuesto plan “insurreccional y conspirativo” contra el gobierno nacional, representan una escalada en la política de criminalización de las organizaciones de derechos humanos en el país, focalizando sus ataques en estos tres defensores.
La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, consagra la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. Asimismo, establece el deber de los Estados de “proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos y garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos”.
Marino Alvarado aclaró que estas amenazas a pesar de no ser las primeras, constituyen sin embargo una grave amenaza al pretender vincular a defensores y activistas en supuestos planes conspirativos “Nos preocupan estos ataques a las organizaciones de derechos humanos y a otros activistas sociales, porque eso significa debilitar el trabajo, el apoyo y la asistencia diversa que damos las ONG a las víctimas”, expresó.
Cabe recordar que el pasado 12.02.14, Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de Provea, fue secuestrado, agredido y amenazado por presuntos efectivos del SEBIN y miembros de agrupaciones paramilitares que actúan en Caracas. Igualmente el 13.02.14 el defensor de derechos humanos y director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado fue nuevamente objeto de una campaña difamatoria por parte del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
Provea ha reiterado que es responsabilidad del Gobierno Nacional, las posibles agresiones que puedan producirse contra los defensores y activistas y sus familiares.
Por su parte, Alfredo Romero director de la ONG Foro Penal Venezolano, relató las distintas amenazas para el ejercicio del derecho a la defensa de los detenidos en el marco de las actuales protestas, y las agresiones del sistema judicial venezolano y el Ejecutivo Nacional contra la labor de los defensores de derechos humanos. Se refirió a la campaña difamatoria contra Gónzalo Himiob y Tamara Sujú del Foro Penal, Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones y Rocío San Miguel de la ONG Control Ciudadano.
“Se nos ataca por las denuncias que hemos hecho de las detenciones arbitrarias, de los abusos, de los atropellos contra los manifestantes”, dijo Romero.
El director del Foro Penal informó que en los próximos días se hará publico un informe elaborado por las ONG del país, detallando las distintas violaciones de derechos humanos y presentando testimonios de víctimas y familiares. “El ataque a las organizaciones de derechos humanos, es el ataque al alma del derecho a la defensa”, manifestó.
Agrego que la organización que dirige tiene registradas más de 80 denuncias de torturas y tratos crueles por parte de los cuerpos policiales y militares contra detenidos en el marco de las actuales protestas. (Prensa Provea, 06.05.14)

Fuente:

SUEPGEC: Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Carabobo

SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÒN DEL ESTADO CARABOBO
(SUEPGEC)

Av. Bolívar Norte, Edifico Cámara de Comercio - Piso 02- Oficinas 15 y 16 Valencia/Edo. Carabobo    
TELF: (0241) 989.65.77
                                                                              
COMUNICADO DE PRENSA
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
PERSONA DE ENLACE: SUEPGEC
                                      Correo electrónico: Suepgec@gmail.com

SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA GOBERNACIÒN DE CARABOBO (SUEPGEC) FIJA POSICION ANTE ANUNCIOS PRESIDENCIALES
La Junta Directiva del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Carabobo (SUEPGEC), ante los anuncios hechos por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en Cadena Nacional, este martes 29 de Abril, vinculados al incremento al Salario Mínimo; manifiesta lo siguiente: “Uno de los Derechos Humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una vida digna. Un salario que satisfaga las necesidades básicas de manera plausible es garantía para la paz y para la justicia social. Es por ello, que consideramos que el anuncio hecho por el Presidente de la República, no satisface las expectativas de la mayoría de la dirigencia sindical venezolana. En un país donde la inflación ya supera el 50% es imperante que el Gobierno revise su modelo y políticas económicas, porque el deterioro del poder adquisitivo es evidente, hoy compramos menos artículos utilizando más dinero.  Desde nuestro punto de vista, Venezuela se ha convertido en un país de “salarios mínimos”. El presidente anunció que a partir del 1 de mayo empezará a regir un incremento de 30% del salario mínimo, obviando el clamor de los sindicatos de base, sobre todo del sector público, de acordar un aumento general de sueldos y salarios. Es importante señalar que nuestra posición no es contra de los incrementos que benefician a la masa trabajadora sino a la manera como se realizan”.
Si analizamos en detalle cada uno de los aspectos del anuncio presidencial, podemos comentar puntualmente lo siguiente:
ü  Al incluir el pago del Ticket de Alimentación al Salario Normal, cuyo monto diario, es acorde con el valor de la Unidad Tributaria, tenemos que recordarle al Presidente, que la Ley de Alimentación establece un límite mínimo de 0.25 Unidades Tributarias y un límite máximo de 0.50 Unidades Tributarias; el pago de este beneficio va a depender de como esté acordada en la relación de trabajo o a través de las Convenciones Colectivas, pero nunca será una cifra lineal como la que anunció de 1.350,22 Bs. al mes. Además en el Sector Público sobre todo en Gobernaciones y Alcaldías donde se ejecuta el pago de beneficios socio laboral con un Presupuesto hecho con anterioridad, las Cestas Tickets son calculadas en razón al valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento de la  elaboración del Presupuesto.
ü  En el caso Tabulador Salarial del Sector Público o Tablas, siempre son aplicadas al Sector Público Nacional, cada vez que se emite un Decreto donde se modifica o desplaza, excluyen de su ámbito de aplicación a los trabajadores de las Gobernaciones y Alcaldías, tal y como ha sucedido en los últimos años. Asimismo para que Gobernaciones y Alcaldías puedan hacer efectivo el pago de este incremento, tienen que esperar la aprobación por parte del Ejecutivo Nacional de los recursos financieros que requieran y que son enviados vía crédito adicional.
Aún cuando nosotros reconocemos la voluntad política que han tenido las actuales autoridades regionales en cumplir con todo lo acordado en el Contrato Colectivo, SUEPGEC, hace un llamado público al Gobernador del Estado Carabobo, Lcdo. Francisco Ameliach para que en el marco del diálogo y la concertación, convoquemos una reunión de trabajo a fin de abordar con responsabilidad, el análisis y la incidencia de que tendrá este nuevo incremento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional, sin olvidar de mencionar que ya tenemos pendiente desde el mes de Enero del año en curso, un ajuste del 45,2%, en nuestro Tabulador, de acuerdo a lo establecido en nuestra Convención Colectiva de Trabajo.

Por la Junta Directiva

Lairet Figueroa, Presidenta
Judermi García, Secretaria General
Carlos Parra, Secretario de Finanzas
Jorge Zarraga, Secretario de Deportes
Marlenis Arias, Secretaria de Actas y Correspondencias