martes, 2 de julio de 2013

Ministerio del Trabajo: Inspección no se limitará a evaluar ajustes a la LOT

El Ministerio del Trabajo comenzó el proceso de inspección en los centros de trabajo para verificar que los patronos cumplen las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento parcial, referentes a la jornada laboral. Constatarán que los empleadores acaten todas las disposiciones legales relativas al trabajo.

Una fuente vinculada al sector laboral señaló que la inspección será integral. Además de comprobar que el empleador haya colocado anuncios visibles relativos a los horarios de trabajo, que indiquen todos los turnos y la concesión de días y horas de descanso, aprobados o recibidos por la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción, el fiscal revisará lo concerniente a registro mercantil, número de registro único de información fiscal, número de identificación laboral, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.

También los aportes realizados por el empleador al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda con sus respectivas constancias de haber declarado el último trimestre.

También solicitarán la solvencia laboral, el número de trabajadores fijos y a tiempo determinado. Seguidamente verificará, con documentación en mano, la nómina, recibos, depósitos y contratos; otorgamiento de beneficios laborales, cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional, añadió la fuente.

En la calle. "Los inspectores ya están en la calle. Se designó a un funcionario por parroquia, en Caracas, que verificará el acatamiento de la normativa vigente", dijo.

Se abrirán procesos sancionatorios cuando se descubran irregularidades, porque los patronos contaron con un plazo de más de un año para adecuarse. "No habrá prórroga", aseguró.

Reiteró que no habrá más plazos para que los empleadores cumplan la legislación, pues el despacho laboral consideró que fue suficiente la prolongación de la prórroga que se dio a partir del 1° de mayo, mediante resolución del Ministerio del Trabajo, del lapso original de un año establecido en la ley vigente desde el 7 de mayo de 2012.
 

Provea celebró el Foro 365 días de la LOTTT


Márcela León (ASI) y José Bodas (FADESS)
 


El pasado viernes 28.06.13 se celebró en los espacios de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), el Foro: 365 días de la LOTTT, actividad organizada por Provea, y que contó con la presencia de dirigentes de las distintas corrientes sindicales del país.
El evento inició con las palabras de bienvenida del Presidente de la Apucv, Víctor Márquez, quien resaltó la importancia de promover espacios de este tipo para avanzar hacia la unidad del movimiento sindical.

Márcela Máspero (UNETE), Márcela León (ASI), Pedro Moreno (CTV) y José Bodas (FADESS), fueron los encargados de ofrecer un balance acerca del impacto que ha tenido la reforma de la LOTTT -aprobada en mayo de 2012-, en los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores venezolanos.

Los ponentes coincidieron en afirmar que la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, contiene elementos que restringen derechos colectivos de los trabajadores, como el derecho a huelga.

El 07.05.12 entró en vigencia la Ley Orgá­nica del Trabajo, los Trabajadores y Trabaja­doras (LOTTT). La anterior Ley fue reformada sin garantizar la partici­pación y el protagonismo de los trabajadores.

Tras 12 años de mora legislativa, el Ejecutivo Nacional desestimó un interesante proceso que adelantó la fracción parlamentaria del Partido Comunista, que teniendo la presidencia de la Comisión de Asuntos Sociales consultó a di­versos sectores sociales y políticos.
La reforma la elaboró el Ejecutivo a puerta cerrada.

La ocasión fue propicia para realizar el bautizo de la versión digital del Manual de Defensa de la Libertad Sindical, elaborado por Provea, a cargo de la profesora Jacqueline Richter y la Coordinadora del Programa de Exigibilidad de Provea, María Esperanza Hermida.



Carlos Patiño:¡Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde!

Carlos Patiño (*) / Libertad sindical: experiencia de lucha.



A principios de año participé como ponente en el Seminario “Derecho Laboral y Seguridad Social”, realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
 
Tuve la valiosa oportunidad de compartir el estrado con respetados profesionales del derecho del trabajo, entre ellos la ex Ministra Maria Bernardoni y los profesores León Arismendi, Francisco “Pancho” Iturraspe y Absalóm Méndez. Además asistieron  al evento, que llenó el Auditorio de la Facultad de Farmacia; abogados, estudiantes, trabajadores y dirigentes sindicales de todo el país.

El tema que me correspondió exponer en breves 45 minutos fue el del ejercicio de la Libertad Sindical en el Sector Público, enfocado en mi experiencia al frente de SINTRAINCES.

¿Y qué mejor forma de validar el sentir de los trabajadores que las Asambleas? Lo mismo en un auditorio, el portón de la empresa o institución, en los centros de trabajo o debajo de un árbol, la participación de los afiliados al Sindicato guía y fortalece las acciones
 
Soy un convencido de la necesaria formación de los dirigentes sindicales, no sólo en aspectos que potencien su liderazgo, sus técnicas de negociación y oratoria, sino también en lo jurídico, lo gerencial, y en el contexto sociopolítico en el cual se desenvuelven.

Muchas veces se confunde popularidad con capacidad y se asume el rol sindical impulsado por trabajadores que reconocen al compañero que “más pelea” o “más habla” y cuando éste se encuentra con que debe liderar, trabajar en equipo, administrar, negociar, argumentar, etc., comienzan los dolores de cabeza.

Un dirigente no formado tiende a ser débil y limitado.

Desde la fundación de SINTRAINCES en 2006, hemos discutido y firmado 2 Convenciones Colectivas homologadas por el Ministerio del Trabajo y realizado 2 procesos electorales avalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La referencia se hace necesaria porque en la Venezuela actual firmar un Contrato Colectivo o realizar elecciones sindicales se ha convertido en una utopía para la mayoría debido a los obstáculos y trabas burocráticas que deben sortearse con mucha dedicación y firmeza.

Más aún si la Junta Directiva se rige por los principios de la autonomía sindical y no por el proselitismo partidista.

¿Y qué se entiende por Libertad Sindical? pues el derecho fundamental que tienen tanto trabajadores como empleadores a constituir y afiliarse a las organizaciones de su elección para la promoción y defensa de sus intereses, así como a participar en sus actividades (acción sindical), tales como los procesos electorales, la negociación colectiva, los conflictos y huelgas.

Sin embargo, el ejercicio de la Libertad Sindical trasciende el formalismo jurídico y requiere complementarse con acciones de exigibilidad y agitación que garanticen su efectividad y credibilidad.

Es decir, que hablamos de un proceso de interrelación que lo mismo exige trámites formales, administrativos y judiciales (justiciabilidad), como acciones de movilización y protesta (exigibilidad).

Más aún cuando nos reafirmamos frente al Estado representando trabajadores del Sector Público, constituyéndose la Admnistración en agraviante y en juez al mismo tiempo (Inspectores, Jueces, Ministros, etc.).

Su objetividad dependerá del grado de separación y autonomía de poderes en el país, lo cual en Venezuela presenta un histórico de zonas grises.

En la dinámica mundial y desde la época de los mártires de Chicago, el verdadero éxito del movimiento sindical se ha basado más en las demostraciones de fuerza real que en legalismos o formalidades, pero siempre teniendo en cuenta que el cumplimiento de estas formalidades puede llegar a ser vital para demostrar el agotamiento de la via conciliatoria y obtener el respeto y respaldo de la gente.

En tres derechos clave enfoqué la ponencia: Las Elecciones Sindicales, la Negociación Colectiva y la Huelga; todos previstos en los artículos 95, 96 y 97 de la Constitución Nacional y en los artículos 356 y siguientes de la recién promulgada Ley Organica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).

¿Y qué mejor forma de validar el sentir de los trabajadores que las Asambleas? Lo mismo en un auditorio, el portón de la empresa o institución, en los centros de trabajo o debajo de un árbol, la participación de los afiliados al Sindicato guía y fortalece las acciones.

En los tiempos que corren, las herramientas del mundo virtual no deben dejarse de lado, el uso del twitter, facebook, blogs y páginas web amplían el margen de interacción y alcance de la actividad sindical, pero siempre teniendo presente su carácter complementario que no sustituye el contacto directo con las personas.

De igual forma, los medios de comunicación como la televisión, la radio y prensa escrita constituyen un apoyo necesario. Un sindicato que no es visible no existe.
Las Elecciones Sindicales han sido un obstáculo en Venezuela para el ejercicio de la Libertad Sindical.

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se impuso la injerencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) como órgano acompañante del proceso, pero que impone lapsos y formalidades que tienden a retrasar la legitimación de las Juntas Directivas, más aún cuando se trata de Sindicatos con miembros afiliados a lo largo y ancho del país.

Esto ocasiona la llamada “Mora Electoral” que de acuerdo a nuestra legislación le impide al Sindicato presentar pliegos o discutir convenciones colectivas, control que busca una supuesta protección de los trabajadores pero que finalmente los termina afectando al vulnerarles sus derechos al conflicto y negociación colectiva.

No obstante nuestra experiencia demuestra que con perseverancia y orden todo es posible y así lo avalan 2 procesos electorales que hemos realizado con el reconocimiento del CNE y el Ministerio del Trabajo: Elecciones por el período 2008 – 2011 y por el período 2012 – 2015.

Al igual que con los procesos electorales, la discusión de Convenciones Colectivas en el Sector Público y con mayor énfasis en la Administración Centralizada (Ministerios e Institutos Autónomos), es una carrera de obstáculos burocráticos donde son congeladas lo mismo que por el Ministerio del Trabajo y sus lapsos incumplidos u observaciones dilatorias; el Ministerio de Planificación con sus Informes Preceptivos, el Patrono-Estado con su inercia silenciosa y la Procuraduría General de la República que tiende a castrar las negociaciones a través de sus lineamientos técnicos y financieros.

No obstante, el resultado de 2 Convenciones Colectivas suscritas y homologadas en el transcurso de 6 años dan cuenta de un esfuerzo poco valorado por los propios trabajadores ajenos a las barreras con las que deben lidiar sus representantes sindicales en Venezuela.
En cuanto al ejercicio de la Huelga en Entes del Sector Público, entra en el renglón de imposibles por la via “legal”.

Inicia con la presentación de un pliego ante el Ministerio del Trabajo pero la realidad es que desde el paro petrolero de 2003, los pliegos “conflictivos” son desechados por ese Ministerio (violando la ley y bajo argumentos inverosímiles) y sólo queda la posibilidad de los “conciliatorios” que no llevan al lapso de presión de 120 horas que autoriza la huelga y que a veces lo que buscan es enfriar el conflicto.

Por ello, las Organizaciones Sindicales del Sector Público hemos sorteado tales prohibiciones que criminalizan la protesta vulnerando el Estado las disposiciones internacionales y constitucionales en la materia, y en este caso, el derecho a huelga, y hemos optado por “paros”, “asambleas permanentes” y “encadenamiento en los portones”, a riesgo de ser judicializados como es el caso emblemático del dirigente de Ferrominera, Rubén González, preso, liberado y vuelto a enjuiciar por una huelga de 15 días en el Estado Bolívar, o el caso de los profesores universitarios representados por la FAPUV, a quienes por via judicial los tribunales les prohibieron ejercer la huelga que aprobaron mediante referendúm porque estaría lesionando el derecho a la educación.

Es decir, se invoca un derecho para prohibir otro. Eso sin contar con leyes que contemplan la huelga como delito cuando se trata de “zonas de seguridad” o la protección de la soberanía alimentaria, etc.

También existen otras alternativas de Acción Sindical para la consecusión del trabajo digno entre ellas la incidencia política a través de la solicitud de “derechos de palabra” ante la Asamblea Nacional que cuenta con espacios como la Comisión de Desarrollo Social Integral y su Sub-Comisión de Asuntos Sindicales y Gremiales.

En el ámbito internacional existe el recurso de la Queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Es una acción poco utilizada por los sindicatos venezolanos lo cual llama la atención pues no requiere del agotamiento de la via interna para ser incoada.

De las 6 Quejas actualmente activas en la OIT, una es la Nº 2827, caso SINTRAINCES por violaciones a la Libertad Sindical por parte del INCES.

Cabe señalar que el gobierno venezolano se ha visto obligado a responder las denuncias según lo demuestran los Informes y Recomendaciones de la OIT.

ONG´s como PROVEA brindan el apoyo para la redacción de estos documentos.

Otras tácticas más tradicionales de presión y comunicación directa con los agremiados y  la comunidad en general son el Volanteo, las Pancartas y las Concentraciones.

Sin embargo, se hace necesario el seguimiento por diversas vias a los Altos Funcionarios responsables de las políticas públicas y laborales que afecten a los trabajadores a fin de que reconozcan a la organización y atiendan la problemática a objeto de procurar la resolución del conflicto.

Finalmente, la movilización de los trabajadores en la calle siempre es una demostración contundente de respaldo al sindicato y sus exigencias, de la fuerza laboral y de colocación en la agenda pública del conflicto planteado. Como dice nuestra consigna: ¡Derecho que no se defiende, es derecho que se pierde!

(*Presidente de SintraInces )

Profesores de la UCV se mantienen en conflicto



 

Le decimos al gobierno nacional que esta forma de actuar, lejos de contribuir a la solución del conflicto universitario, sólo conduce a incrementarlo”, advirtió Víctor Márquez 

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), Víctor Márquez, denunció los hechos de violencia que se han suscitado recientemente en la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg) y en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de Puerto Ordaz (Unexpo) y responsabilizó al ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz del incremento de estas acciones contra el movimiento universitario y de lo que pueda ocurrirle a cualquiera de los dirigentes gremiales sumados al paro.

“Le decimos al gobierno nacional que esta forma de actuar, lejos de contribuir a la solución del conflicto universitario, sólo conduce a incrementarlo”, advirtió Márquez, al tiempo que destacó que continúan las acciones de amedrentamiento por la vía del aparato judicial, esta vez contra la Universidad de Los Andes, Universidad de Carabobo y la Universidad Nacional Experimental del Táchira. “Desde aquí, les volvemos a repetir que no nos harán retroceder en defensa de la educación venezolana”, subrayó.

El representante profesoral agregó que el conflicto continúa y, en este contexto, manifestó su rechazo a la homologación de la convención colectiva anunciada por el Ministro Calzadilla. “Nosotros no hemos firmado ninguna contratación colectiva, esa contratación colectiva la firmó el Gobierno con los miembros de su partido y con los sindicatos de maletín que ellos crearon”, dijo.

Márquez reiteró que el gremio que los representa es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y que ésta no es signataria de ese contrato colectivo, “porque allí se pretende desconocer a las universidades como patronos de los profesores, empleados y obreros universitarios y se violenta la constitución nacional al desconocer derechos consagrados, como la progresividad y el derecho a la contratación colectiva”.

Hizo un llamado a todo el movimiento universitario a mantenerse en pie de lucha en defensa de sus derechos y exigió al Ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla reconocer la vigencia de las Normas de Homologación.

Nota de Prensa Fapuv @CodigoVenezuela
 
http://www.codigovenezuela.com/2013/07/noticias/politico/profesores-de-la-ucv-se-mantienen-en-conflicto?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

Sindicato de la construcción del estado Lara:Costo inmobiliario aumentó en un 1.000%

La escasez de insumos básicos para la construcción, la intensificación de los controles de precios y la especulación que ha traído consigo, la improvisación en el diseño y aplicación de políticas gubernamentales que incentiven la ejecución de una amplia cartera de proyectos que se encuentra en las gavetas de los organismos públicos y empresas privadas, así como también el malestar manifestado por los obreros frente al retraso en la aprobación de la convención colectiva que les recompensaría de manera justa sus arduas labores, son los factores que han generado la contracción sufrida por este sector.

El presidente del Sindicato Único de la Industria de la Construcción del estado Lara, Pedro Peña, aseguró que los costos de las viviendas han incrementado en un 1.000 por ciento, lo cual afecta directamente a los venezolanos -principalmente jóvenes insertos dentro de la actividad productiva del país recientemente- y, en segundo término, a los trabajadores de la construcción. Disminuyen las probabilidades de que los ciudadanos que intentan construir o ampliar sus viviendas, apoyados en créditos bancarios y ahorros propios, puedan conseguir los materiales básicos de construcción, debido a que los precios se han disparado.
“Tal como está la situación, no pueden hacer nada por sus casas porque el salario no les alcanzaría para comprar los insumos. A duras penas, les alcanza para hacer el mercado semanal”, opinó Peña.
Frente a esta realidad, también se reduce la capacidad del Estado de disminuir el déficit habitacional, el cual asciende a tres millones de viviendas, de acuerdo a las declaraciones emitidas recientemente por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri.

Las empresas privadas tampoco tienen la posibilidad de ejecutar complejos habitacionales con la rapidez que demanda el país porque los insumos le son vendidos a precios exorbitantes, calculados en dólares no preferenciales. La razón de esta irregularidad es que los materiales baratos son adquiridos por la red gubernamental para la consolidación de la Misión Vivienda que, si bien ha aportado un número de unidades al sistema nacional, es insuficiente.
Las ferreterías tienen poco que ofrecer y cuando les llega un producto lo venden a montos impagables.
A este oscuro panorama se suma que el Gobierno nacional no concreta la promesa formulada a los trabajadores de la construcción de sincerar sus salarios, lo que repercute en la celeridad con la cual se deben ejecutar los proyectos.

Durante su visita al diario EL IMPULSO, Pedro Peña informó que los obreros de la construcción del estado Lara están esperando que la solicitud formulada por las federaciones nacionales que aglutinan a estos trabajadores, en conjunto con la Cámara Bolivariana y la Cámara Venezolana de la Construcción, ante el ministro del Trabajo, de aprobar una nueva convención colectiva que contenga un aumento de 30 por ciento, sea cumplida con vigencia desde el 4 de julio, según lo acordado en estas conversaciones.
“Nosotros no estamos dispuestos a esperar más porque hace un año venció el contrato y desde entonces nos tienen en zozobra. Estamos cansados de los ofrecimientos de homologación que nunca se cumplen”, dijo Peña.

 

Ultimátum

El presidente del Sindicato de la Construcción de Lara dio un ultimátum al ministro del Trabajo, al enfatizar que “de no respetar los plazos establecidos, saldremos a las calles para protestar ante las sedes del Ministerio del Trabajo, en Lara y en Caracas. Y si seguimos sin obtener respuestas, paralizaremos todas las obras de los sectores público y privado de Lara el lunes 8 de julio”.

 

Muchas razones motivan a este líder sindical a ordenar la radicalización de acciones.

“Los trabajadores están viendo poca seriedad en las informaciones que nos están llegando de Caracas. El sector de la construcción es el que dinamiza la economía y no es justo que nos traten de esa manera”.
El retardo de la homologación de la referida convención colectiva afecta a 400.000 trabajadores a nivel nacional y a 20.000 trabajadores en el estado Lara.
El sector privado también está a la espera de la concreción de este nuevo contrato para iniciar sus proyectos porque necesitan reglas de juego claras.

 

En jaque

Las obras que pudieran paralizarse en caso de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción del estado Lara cumpla el paro anunciado son las siguientes:
-Urbanización Aves de Yucatán, proyecto de la Misión Vivienda que se ejecuta tras la firma de un convenio entre Venezuela e Irán. Está previsto que culmine el próximo año y contempla 4.032 apartamentos.
-La nueva cárcel para sentenciados, a culminarse durante el mes de octubre, proyecto emprendido por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
-La nueva cárcel para procesados de Lara, la cual estaría lista el próximo año y está en plena ejecución. Es otro proyecto del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
A la crisis que se podría generar a raíz de este paro, se adiciona el malestar de los trabajadores afectados por el detenimiento de los trabajos de reforzamiento de bases y rehabilitación de las Torres de El Sisal, obra que no continuó debido a que la empresa América Proyecto 2021, contratada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, se retiró del estado hace meses.

 

Insumos por las nubes

Pedro Peña consideró conveniente esclarecer las razones por las cuales al sector privado se le dificulta ejecutar proyectos habitacionales.
“A los constructores privados no les llegan los insumos, especialmente cabilla, cemento y mallas, sumamente esenciales para la industria”.
Reiteró que están destinados únicamente para la Misión Vivienda, por lo cual deben pagar entre 600 y 700 por ciento más sobre el precio real de estos materiales cuando aparecen y después de hacer colas kilométricas, como las que se están haciendo en los supermercados para comprar harina y papel higiénico.
Las consecuencias de las distorsiones asociadas al mercado de la construcción, sobre las cuales el Gobierno tiene poco control, es el incremento excesivo del producto final, es decir, las viviendas.
“Un apartamento, de los más baratos, costaba hace cuatro años 700.000 bolívares (700 millones de los antiguos). Ahora está en dos millones y más”, confirmó el líder sindical.

El Impulso 
Escrito por Coreen Villalobos Mundo

Sinutrapetrol: Trabajadores petroleros pedirán 65% de aumento salarial

Sinutrapetrol exigió elecciones Foto: Ramón Mariño

Fabricio Mejías, miembro de Sinutrapetrol, y vocero del encuentro, manifestó que los 1.500 trabajadores de Refinería, están exigiendo reivindicaciones salariales.

Puerto La Cruz.- Desde las 7:00 de la mañana de ayer, trabajadores de la Refinería de Puerto La Cruz se concentraron en la entrada de este recinto para hacer una serie de anuncios, entre ellos la instalación de una mesa de trabajo con el fin de recoger propuestas para elaborar el anteproyecto de la contratación colectiva.

Fabricio Mejías, miembro de Sinutrapetrol, y vocero del encuentro, manifestó que los 1.500 trabajadores de Refinería, sin incluir El Chaure, la sede principal y los muelles, están exigiendo reivindicaciones salariales.

Recordó que la convención colectiva se vencerá el 1° de octubre, por lo que están solicitando un ajuste salarial de 65%, así como el incremento de la Tarjeta de Alimentación (TAE).

Asimismo pedirán que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) asuma el 30% que exigen las instituciones bancarias como parte de la inicial para la compra de viviendas.
El dirigente sindical señaló que elevarán la propuesta a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). 

“También exigimos elecciones de Sinutrapetrol porque su directiva tiene secuestrado a los empleados de la refinería,los atropella y se niega a que reclamen sus derechos”.

En horas del mediodía, Mejías informó que tras comunicarse con el presidente de la Futpv, Will Rangel, supieron que el jueves 11 de julio cancelarán el aumento de la TAE con retroactivo. Este beneficio quedó en 3.700 bolívares mensuales.