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Dirigentes introducen derecho de petición
en la que piden explicaciones sobre las medidas adoptadas para
garantizar la libertad sindical en el país. Foto cortesía Provea
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Con el apoyo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea), representantes de organizaciones sindicales del país
introdujeron ante el Ministerio del Trabajo un “derecho de petición
sobre información relativa al Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales”.
Mediante este procedimiento administrativo voceros de la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Autónomo por la Defensa del
Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), la Alianza Sindical
Independiente (ASI), el Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase), la
Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-Cura), la
Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa), la Central
General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), solicitaron a la ministra del Trabajo, María Cristina
Iglesias, que aclare las competencias atribuidas al Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales.
A juicio de los gremialistas esta instancia puede constituir un grave
obstáculo al derecho a la asociación de los trabajadores del país.
Según denuncian los representantes de las organizaciones de
trabajadores durante los últimos años, debido a impedimentos de índole
burocrática, diferentes sindicatos no han podido formalizar su proceso
de inscripción. Además, las diferentes instancias tribunalicias están
siendo utilizadas para perjudicar a los trabajadores, no pronunciándose
sobre la paralización de la discusión de los contratos colectivos,
convalidando el rechazo a los diferentes pliegos conflictivos
presentados por los sindicatos y avalando la impunidad, la denegación de
justicia y el retardo procesal en los diferentes ámbitos de su
competencia.
Señalaron que una gran cantidad de organizaciones de trabajadores
tienen represados sus procesos electorales internos debido a que
necesitan el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual también
se ha constituido en una injerencia de la libertad sindical.
En el Derecho de Petición introducido solicitan a la ministra del
Trabajo explique cuáles son y en qué consisten las medidas adoptadas por
la institución para garantizar la libertad sindical en el país,
especialmente a partir del 31 de diciembre de 2013, pues las
disposiciones sobre la obligatoriedad de inscripción en un registro
único de organizaciones sindicales pone en riesgo la institución gremial
en Venezuela.
Además se dificulta el ejercicio del derecho a la contratación
colectiva, lo que afectaría eventualmente la protección a las
condiciones colectivas que involucren mejoras al salario, el ejercicio
del derecho a la huelga, así como la defensa de derechos laborales
colectivos fundamentales, consagrados en el artículo 95 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en convenios
internacionales emanados de la OIT y ratificados por el Estado
venezolano. (Con información de Prensa Provea)
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