Declaración de Bruselas 2015
Bruselas, 10-11 de marzo de 2015
El 7º Encuentro Sindical UE-CELAC reúne nuevamente una expresiva
representación del sindicalismo de ambas regiones quienes, como en oportunidades
anteriores, quieren manifestar ante las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno su
visión sobre la coyuntura social, económica y política y las perspectivas y
aspiraciones de las/os trabajadores/es.
En la presente coyuntura la misma lucha sindical reúne a trabajadores y
trabajadoras de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea: la defensa de los
derechos sociales, la democracia, la acción de los sindicatos y su papel central en el
enfrentamiento al neoliberalismo y las “políticas de austeridad”, que afectan a
millones de trabajadores/as en ambas regiones del mundo. Estas políticas son
impulsadas por los sectores conservadores vinculados al capital financiero y a las
empresas multinacionales en respuesta a las prolongadas consecuencias de la gran
crisis económica mundial del 2008. La crisis ecológica es el capítulo más reciente de
sociedades guiadas por la búsqueda desenfrenada de lucros empresariales y el
consumo irresponsable que le está asociado.
Las clases trabajadoras europea y latinoamericana-caribeña defienden los
procesos de integración en ambos continentes como parte de la construcción de
economías y sociedades de bienestar. Si miramos el pasado, veremos que hemos
hecho avances importantes en algunas dimensiones. La Unión Europea y la CELAC,
son en parte expresiones de esas conquistas. Pero los procesos de integración
regional deben ser parte de la solución a nuestros problemas económicos, sociales y
ambientales, caso contrario darán argumentos para que fuerzas reaccionarias
impulsen sentimientos chauvinistas y xenófobos que erosionen lo ya conquistado.
En Europa registramos continuos ataques a conquistas sociales que
sacrifican personas con el argumento de favorecer el funcionamiento de la
economía en una óptica liberal. La región que ya fue en la post Segunda Guerra
Mundial ejemplo de sistemas de protección social y niveles de bienestar humano,
ahora es cada vez más escenario de desahucios, desempleo juvenil y pérdidas de
derechos. Los sindicatos han sido desplazados y desconocidos como interlocutores
sociales, cerrando cada vez más los espacios de interlocución social construidos a lo
largo de décadas.
La mal llamada política de austeridad ha impuesto a los trabajadores de
algunos países recortes graves de los salarios y prestaciones sociales. En ese
sentido esperamos que la UE alcance con el nuevo gobierno de Grecia, un acuerdo
que flexibilice las condiciones del acuerdo y permita recuperar condiciones y
derechos.
En América Latina después de más de quince años de avances sociales en
diversos países bajo administraciones progresistas, desde hace tres años son
evidentes los efectos de la recesión económica mundial, la perdida de empuje en el
crecimiento de las economías, por lo que no han parado de caer los niveles de
pobreza y las frágiles conquistas socio-laborales del período están bajo ataque del
capital internacional para hacer retroceder lo que apuntaba a un nuevo paradigma
de democracias sociales.
La democracia está en jaque cuestionada por los poderes fácticos que
buscan imponer los intereses del mercado financiero internacional y de las empresas
multinacionales. En el caso de América Latina y Caribe, gobiernos electos
democráticamente son sometidos constantemente al asedio, a veces violento, por
parte de las élites y minorías poderosas que controlan la economía y que han optado
por provocar rupturas, utilizando incluso mecanismos legislativos y judiciales para
deponer estos gobiernos. Los medios de comunicación, concentrados
oligopólicamente a nivel nacional e internacional, actúan como los mayores
instigadores de estas agendas antidemocráticas y reaccionarias contra los intereses
de las mayorías.
En las negociaciones sobre cambio climático no vemos avances a la altura de
los desafíos. Las grandes corporaciones intensifican sus lobbies para salvar sus
intereses de lucros inmediatos sin reparar en costos inter-generacionales. Los
gobiernos del Norte no quieren asumir sus responsabilidades prioritarias – de
sociedades ya desarrolladas con pesados pasivos ambientales – para enfrentar un
problema que es común para el conjunto de las sociedades. Los gobiernos de los
países emergentes no han presentado un plan creíble para combinar esfuerzos de
desarrollo con la superación de los paradigmas predatorios heredados de los
modelos del siglo pasado.
Cumbres UE-América Latina y Caribe: Compromisos incumplidos
El camino de las cumbres UE-ALC ha estado pavimentado de buenas
intenciones manifestadas en relación a varios temas sensibles para los sindicatos en
los documentos oficiales pero de escaso cumplimiento en esa materia. Desde las
primeras ediciones varios de los compromisos definidos por los Jefes y Jefas de
Estado y de Gobierno, especialmente los relacionados con las cuestiones sociales,
han sido incumplidos. Los Planes de Acción adoptados han tenido baja
implementación y débil seguimiento por parte de los gobiernos.
Estratégicamente ha sido particularmente grave que la UE y algunos
gobiernos latinoamericanos como los de Colombia y Perú hayan roto su
compromiso primero de negociar bloque a bloque firmando acuerdos individuales.
Evidentemente subyace una intención de fragilizar los procesos de integración
perjudicando así en la mesa de negociaciones a los países latinoamericanos más
débiles. Las Hojas de Ruta contenidas en dichos acuerdos, han servido como
justificación para la firma de los TLC´s, pero han tenido poco efecto concreto para
promover trabajo decente, que asegure los derechos de los/as trabajadores/as. El
reciente acuerdo firmado entre la UE y Ecuador, ha sido negociado sin participación
de los actores de la sociedad civil. Advertimos sobre la reactivación de las
negociaciones entre la UE y MERCOSUR, frente al cual el movimiento sindical de la
región tiene una posición de clara oposición.
Nos preocupa en particular que bajo la presión del mercado mundial sobre los
países y bloques en el contexto de los efectos de la crisis económica internacional
desatada en 2008 se abandone una perspectiva de desarrollo sustentable con
responsabilidades comunes pero diferenciadas, entre países del Norte y del Sur.
Es así que, sin perder de vista compromisos anteriores, reivindicamos
especial atención para los temas de desarrollo sustentable en las nuevas relaciones
entre los dos continentes.
Relaciones Unión Europea – CELAC: por un nuevo paradigma de relaciones
Norte-Sur
Ante un escenario de múltiples crisis que se profundizan y el surgimiento de
respuestas que reciclan el recetario de políticas neoliberales ya fracasadas, el
movimiento sindical se ha impuesto la tarea de promover alternativas
superadoras de las lógicas que pretenden la profundización del dominio de los
mercados y las grandes corporaciones, en contra de los intereses de la mayoría
trabajadora del mundo. En este sentido la CSA presentó en mayo de 2014, la
Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) y considera que el escenario de
la Cumbre UE-CELAC es un espacio para presentar alguna de las líneas
estratégicas propuestas, así como otras formuladas por el sindicalismo europeo,
como forma de promover respuestas estructurales a los desafíos presentes y futuros
de ambas regiones.
El sindicalismo eurolatinoamericano y caribeño reivindica las cuatro
dimensiones del desarrollo sustentable (política, económica, social y ambiental) y su
necesaria articulación, para responder de manera equilibrada a los desafíos de
economías al servicio de nuestras sociedades, con garantía de plenos derechos
sociales, con participación democrática y protagónica y preservación del planeta
para las generaciones presentes y futuras.
Llamamiento del Encuentro Sindical UE-CELAC a las Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno
El movimiento sindical de Europa y América Latina y el Caribe, reunido en
Bruselas, los días 10 y 11 de marzo, presenta las siguientes propuestas y demandas
a las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre UE-CELAC, en
junio de 2015 en Bruselas.
1. Revisar las bases de las relaciones comerciales entre los dos continentes.
Existen marcadas asimetrías económico-financieras entre los países del Norte
(UE) y del Sur (ALC) como para que acuerdos de libre comercio puedan ser de
interés común. No es conveniente prolongar un comercio basado en exportaciones
de productos de bajo valor agregado y alto impacto ambiental de ALC a la UE y un
flujo de importaciones manufacturadas en sentido inverso. El sindicalismo de ambas
regiones defiende la existencia de un comercio justo.
Por otra parte en los acuerdos ya firmados y en vigor la participación de la
sociedad civil y de los sindicatos en el seguimiento de los acuerdos prácticamente o
no existe o es muy insuficiente. Son necesarios mecanismos efectivos para el
seguimiento de los Planes de Acción, incluyendo espacios de verificación y
participación para los sindicatos y otros actores sociales.
Los acuerdos no pueden limitarse a los flujos comerciales y de inversión, sino
que deben respetar y promover siempre el trabajo decente y el conjunto de
convenios fundamentales de la OIT.
2. Inversiones directas y proyectos de desarrollo sustentable
Establecer condicionamientos a la Inversión extranjera directa siempre ligados
con proyectos nacionales o regionales de desarrollo sustentable, que aporten a la
generación de empleo permanente y decente y que garanticen la transferencia de
tecnologías que contribuyan con estos proyectos. Participación de los sindicatos y
movimientos sociales en las políticas económicas para regular la inversión extranjera
y el comercio internacional.
Verificamos que la crisis que vive el sistema capitalista ha profundizado la
brecha entre pobres y ricos y favorecido la alta concentración de la riqueza,
generando mayor precariedad, pobreza y exclusión. El sindicalismo de ambas
regiones manifiestan su total inconformidad con el hecho de que la mayoría de las
empresas transnacionales no pagan impuestos sobre sus ganancias en
ningún país del mundo. Utilizando mecanismos contables, paraísos fiscales y las
brechas en las leyes internacionales, generan pérdidas multimillonarias de recursos
que deberían servir para mejorar las condiciones de vida de
toda la población. Para profundizar sus altos beneficios, estas ETNs han capturado
los espacios de gobernanza global, promoviendo tratados ultra liberales de
comercio, que condicionan el funcionamiento de las instituciones nacionales y
atacando las democracia en países donde hay gobiernos que no están totalmente de
acuerdo con sus intereses.
Demandamos que los proyectos extractivos y los mega-proyectos que se
planifiquen en territorios indígenas tienen que estar condicionados a la consulta y a
la aprobación de las comunidades indígenas bajo el régimen del Convenio 169 de la
OIT.
Se hace urgente un
nueva orden económico mundial donde la concentración de los recursos en manos
de poco sea superada, que las empresas rindan transparentemente cuentas de los
impuestos que deben pagar y las grandes fortunas sean tasadas adecuadamente
para que los Estados puedan financiar sistemas de protección social e implementar
políticas públicas que promuevan una mejora en la calidad de vida del conjunto de la
población.
Igualmente la superación de las asimetrías entre las regiones requiere en este
momento, de manera prioritaria, definir un marco regulatorio internacional, que
otorgue previsibilidad al sistema financiero, asegurando el respeto a la soberanía de
las naciones en sus esfuerzos por resolver situaciones críticas que condicionan sus
posibilidades de desarrollo. En este sentido, es fundamental avanzar "hacia el
establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de
reestructuración de deuda soberana", el cual deberá ser debatido este año, tal como
promueve la resolución 68/304 de Naciones Unidas, impulsada por Argentina a partir
del ataque de los "fondos buitre", que fuera aprobada por amplia mayoría en la
Asamblea General de septiembre de 2014 y respaldada por unanimidad por el
Consejo General de la CSI.
Una medida esencial para el desarrollo de los países de ambas regiones, es
la auditoria sobre toda la deuda externa, la condonación de la deuda ilegítima y la
orientación de esos recursos para atacar los problemas de la pobreza y la deuda
social con la mayoría de la población. No habrá desarrollo en nuestros países si
generaciones de ciudadanos/as son condenados al pago de una deuda contraída
irresponsablemente para financiar los negocios de unos pocos.
3. Superar la brecha tecnológica
Para superar las brechas tecnológicas y desigualdades entre las naciones del
norte y las del sur expresadas tanto en el sistema de patentes y registros como en el
desarrollo técnico y científico, deben establecerse garantías para el acceso al
conocimiento y facilitarse los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por
parte de los países menos desarrollados. Se trata de contraponer a las estrategias
de las empresas multinacionales que dominan las cadenas globales de valor y
buscan preservar el control de la innovación y las ingenierías en los países sede, lo
que perpetúa un ciclo perverso del comercio asimétrico y nuevas formas de
dependencia.
4. En defensa de los ciudadanos y ciudadanas de los dos continentes
Europa y América Latina y el Caribe tienen una ya larga historia de flujos
migratorios en ambos sentidos, que continua hasta el presente. Por eso el
reconocimiento de los derechos de esos ciudadanos y ciudadanas fuera de sus
países de origen es una reivindicación fundamental para el movimiento sindical
internacional. Defendemos el reconocimiento de la doble contribución al desarrollo
económico, social y cultural de los migrantes, tanto en el estado origen como el
estado receptor. Garantizar la libre circulación de las personas, de las y los
trabajadores, el derecho a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar
dignamente. Los y las migrantes, regularizados o no, deben gozar de iguales
derechos que los demás ciudadanos. La opción de migrar no debe tener que
enfrentar barreras y obstáculos, ni los migrantes deben ser objeto de criminalización.
Los estados deben garantizar el derecho a retornar para los migrantes que decidan
volver a su país de origen. Reconocimiento del principio de no repatriación en los
casos que involucren violación de los derechos humanos en los países de origen, en
casos de víctimas de terrorismo, de tráfico y de trata de personas, explotación sexual
y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad política y/o sindical.
Las migraciones son un mecanismo vinculado a la integración y sus efectos
positivos van más allá de la forma de vida de los migrantes y sus familias, sino
también en la economía general, el enriquecimiento de las culturas y la integración
de los pueblos. Los gobiernos de ambas regiones deben dotarse de una legislación
que proteja, integre y no criminalice, ni discrimine a la población migrante.
Demandamos la adopción de una adecuada legislación y la implementación de
políticas públicas efectivas en este sentido. Especialmente demandamos la
ratificación de los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y la
Convención Internacional sobre los Trabajadores Migrantes y sus Familias de
Naciones Unidas.
5. Derechos humanos y sindicales
En los últimos años la OIT ha estado sujeta al ataque de los empleadores y
ciertos gobiernos que pretenden reducir o eliminar su mandato en materia normativa
y vigilante en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, a la vez que
promotora de políticas laborales y de protección social. Esto se expresa en su
pretensión de reducir el papel del Grupo de Trabajadores de la OIT y desconocer la
autoridad de los órganos de control de la OIT para definir internacionalmente el
alcance de los Convenios. En este marco se inscribe la agresiva cruzada mundial de
los empleadores contra el Convenio 87 y el derecho a la huelga, que trajo como
consecuencia la paralización del trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de
la OIT. Una actitud temeraria que se contradice con décadas de reconocimiento por
parte de los propios empleadores respecto a los dictámenes de la OIT.
No cabe duda que éste ataque constituye parte de la estrategia del
globalismo neoliberal que pretende anular el reconocimiento de la huelga como
derecho humano de todas las trabajadoras y trabajadores del mundo. Por ello este
es un tema crucial que trasciende cualquier espacio territorial y se proyecta, incluso
en el continente europeo, donde la justificación de asegurar una salida la crisis
económica sido utilizada para implementar políticas de austeridad y de estabilidad
monetaria que, en materia de derechos sociales y laborales, han significado
“políticas a la baja”, sobre todo en los países del sur de Europa (España, Grecia,
Italia, Portugal).
En estos países europeos el ataque a los derechos sindicales se ha dirigido
principalmente a la sustracción de competencias de las organizaciones sindicales en
el ámbito de la negociación colectiva y a la criminalización de la acción sindical, ésta
última, concretada en la apertura de procedimientos penales contra trabajadores y
trabajadoras por haber participado en acciones legítimas de huelga contra las
medidas de austeridad y las reformas laborales. En toda la región los sindicatos
vienen siendo deslegitimados como interlocutores sociales, debilitando los espacios
de diálogo y participación construidos a lo largo de décadas. El autoritarismo
económico que orienta a gobiernos y empresas ataca a los principales instrumentos
de democratización social en Europa, el sindicato y la negociación colectiva.
En América Latina y el Caribe las/os trabajadoras/es al servicio del Estado, en
su gran mayoría, están impedidos del ejercicio del derecho a la negociación
colectiva, dejándoles desasistidos de un conjunto de derechos. Instamos a los
gobiernos a la ratificación del Convenio 151, sobre negociación colectiva en el sector
público y a seguir transitando en el camino de la aplicación de la negociación
colectiva en la Administración Pública.
Frente a la embestida patronal y gubernamental en contra del sistema
normativo y de la OIT, es fundamental una acción sindical en defensa de los
convenios 87 y 98, sobre libertad sindical y negociación colectiva, y los convenios
151 y 154, relacionados a la negociación colectiva y la sindicalización en el sector
público.
Las actuales condiciones que prevalecen en el mundo del trabajo, continúan
incrementando los impactos negativos de manera desproporcionada hacia las
mujeres, quienes tienen múltiples desventajas en el acceso al mercado laboral y
debido a que la división sexual del trabajo, no les permite las mismas oportunidades
que tienen los hombres en sus opciones laborales y en el acceso a mejores
condiciones de trabajo. Situación que se recrudece con los roles sociales
establecidos, que tradicionalmente obligan a las mujeres con responsabilidades
ligadas al trabajo del cuidado y al trabajo del hogar, a tomar empleos informales con
bajos salarios y sin seguridad social, incluso persiste un mayor índice de desempleo
en relación a los hombres.
Impulsar el trabajo decente de acuerdo a lo establecido por la OIT, es
imprescindible en la intención de obtener condiciones de trabajo y de vida dignas.
Así también impulsar la ratificación del Convenio 189 sobre Trabajo Digno para
trabajadoras y trabajadores del hogar y que Gobiernos, empleadores y sociedad en
su conjunto asuman el trabajo del cuidado que en gran medida sólo recae en las
mujeres. Igualmente se hace necesario la ratificación del Convenio 156, relacionado
con responsabilidades familiares compartidas y equidad salarial. La discriminación y
la violencia en contra las mujeres es generalizada y, esto constituye mayor violación
de los derechos humanos, las mujeres enfrentan condiciones de mayor
vulnerabilidad en los diferentes ámbitos de la sociedad, se ven amenazadas y
afectadas por los diferentes tipos de violencias.
El feminicidio en algunos países de Latinoamérica como extrema violencia, se
arropa en la impunidad y la falta de justicia. En las diferentes naciones se tienen
avances para prevenir, eliminar y sancionarlas, sin embargo, no siempre se lleva a
cabo la aplicación de las legislaciones. En cuanto a la violencia laboral, son pocos
los países que cuentan con una protección frente a la violencia de género en el lugar
de trabajo, por lo que la creación de un Convenio de la OIT, contribuirá a la
aplicación de los derechos humanos de las mujeres.
En materia de DDHH el movimiento sindical euro-latinoamericano expresa su
profunda condena por la grave situación de vulneración de derechos humanos en
República Dominicana que afecta actualmente a millares de migrantes haitianos y de
dominicanos de ascendencia haitiana y a sus familias, cuyos derechos a la
nacionalidad han sido violados y por ello se encuentran, expuestos a una inminente,
e injusta y masiva deportación así como a acciones violentas de discriminación
(despojo de pruebas que evidencian su permanencia o nacimiento en territorio
dominicano, deportaciones forzadas). Condenamos igualmente el comportamiento
del gobierno haitiano, que no actúa en defensa de sus ciudadanos/as en República
Dominicana, además de sostener una política que desconoce los derechos
laborales, ataca a los sindicatos y condena a la precarización y a la informalidad a la
mayoría de la población haitiana. Saludamos el trabajo de solidaridad del
sindicalismo dominicano con la población haitiana residente en su país.
6. Cambio Climático y Transición
Justa
Después de una sucesión de COPs con resultados decepcionantes para los
trabajadores, trabajadoras y el resto de la sociedad, nos mantenemos movilizados y
estamos fortaleciendo alianzas hacia la COP 21 a desarrollarse en París en
diciembre de 2015.
Esta COP marca un hito fundamental en el proceso internacional, porque es
necesario alcanzar un nuevo acuerdo legalmente vinculante, basado en las
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades de
cada país, ambicioso y equitativo, firmado por todos las partes, que permita
garantizar la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero a
niveles que eviten los peores efectos de las interferencias antropogénicas sobre el
sistema climático y aseguren una alta probabilidad de conseguir que la temperatura
media del planeta no supere los 2º C o 1,5º C, si es posible, por encima de los
niveles preindustriales. El Acuerdo de París, no puede reducirse a lograr, sólo
compromisos de mitigación. El nuevo régimen climático deberá garantizar un
objetivo para la adaptación con el apoyo financiero tecnológico y humano necesario,
en un marco de Transición Justa que permita asegurar la justicia social y climática.
Como movimiento sindical estamos convencidos que una acción climática
eficaz, no se basa en la retórica de las conferencias, por ello vamos a seguir
presionando a nuestros gobiernos para que las políticas climáticas a nivel doméstico
sean coherentes con los objetivos de la Convención Marco.
En este contexto reclamamos estrategias nacionales que permitan
implementar acciones concretas para asegurar las transformaciones necesarias
hacia sociedades más sustentables. Para lograrlo será ineludible la apropiación
democrática de la energía, la modificación de las matrices energéticas que
garanticen una alta participación de energías renovables, el desarrollo y
transformación de industrias más limpias, la reducción de la deforestación, la
promoción de trabajo decente, la planificación de nuestros territorios y economías,
es decir cambios estructurales en las relaciones sociales, en la manera de producir y
consumir, acompañados de justicia social, equidad y democracia participativa como
herramientas insustituibles de cambio político, porque sin ellas, la eficiencia no sirve
de nada.
Hacemos un llamado a los gobiernos de los dos continentes a avanzar en sus
negociaciones para que la búsqueda del bien común supere las políticas basadas en
las asimetrías heredadas de nuestros pasados compartidos. Eso significa respetar
derechos sociales y humanos, avanzar en la democratización de nuestras
sociedades y cambiar modelos de producción y consumo, pero sobretodo significa
cambiar paradigmas en las relaciones Norte-Sur como lo venimos reclamando hace
décadas.
7. Fortalecimiento de la paz y de la democracia
El movimiento sindical reitera la necesidad de consolidar la democracia y la
paz en todo el mundo. Consideramos que para ello es fundamental reforzar la
gobernanza mundial en todas las instancias para resolver los conflictos de forma
dialogada y pacífica en el marco de las Naciones Unidas y demás instancias
internacionales. En el ámbito de los países es necesario impulsar el dialogo y el
respeto a los gobiernos y autoridades elegidas libremente por la ciudadanía.
Acompañamos positivamente el proceso de negociación de paz en La
Habana desarrollado por las FARC-EP y el gobierno colombiano, esperando pueda
ser extendido en una mesa de diálogo con el ELN.
En ese mismo sentido saludamos el dialogo abierto entre los gobiernos de
Cuba y EEUU, para el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, que
deberá complementarse con la suspensión definitiva y completa del bloqueo
económico, comercial y financiero a Cuba. También consideramos positiva la
apertura de negociaciones entre la UE y Cuba para la superación de la “Posición
Común” de la UE y la apertura de la negociación para un acuerdo de cooperación,
para lo que será fundamental el acompañamiento de la CES y sus afiliadas.
Saludamos la decisión del gobierno de Uruguay de conceder refugio a 6 ex
prisioneros de la prisión de Guantánamo y la solidaridad del sindicalismo uruguayo
para su plena reintegración a la sociedad.
Por el contrario, rechazamos la reciente declaración del presidente de los
EE.UU., Barack Obama sobre el gobierno de Venezuela, porque constituye un acto
de injerencia interna en un país soberano y no contribuye a la resolución del conflicto
interno. Consideramos que la situación política en ese país debe resolverse
internamente, con diálogo entre las partes, de forma democrática y sin ningún tipo de
amenazas o intervención externa.
8. Tratado de Servicios de Comercio (TISA)
En la búsqueda de profundización de su control total de la economía global,
las grandes corporaciones y algunos gobiernos del norte, vienen impulsando
acuerdos comerciales de nueva generación como el Tratado de Servicios de
Comercio (TISA) que afecta a la Unión Europea y a muchos países de CELAC. Esas
propuestas de acuerdos, siempre debatidas y negociadas en secreto, representan
una amenaza más a los/las trabajadores/as y ciudadanos/as.
Las organizaciones sindicales euro-latinoamericanas y caribeñas
demandamos que cualquier tratado preserve los servicios y derechos básicos de la
población y sea presentado y debatido públicamente antes de ser acordados.
Especialmente ratificamos que la educación, la salud y el agua, son derechos
humanos y deben quedar fuera de las negociaciones comerciales y garantizados
como derechos para toda la población.
Llamamos a los gobiernos de ambas regiones a debatir con la sociedad sobre
el destino de dichas negociaciones. Los acuerdos no pueden limitarse a los flujos
comerciales sino que deben respetar siempre el trabajo decente donde éste exista y
deben también promover el conjunto de convenios fundamentales de la OIT.
