El conflicto que vive el sector universitario es la consecuencia
natural de una política gubernamental caracterizada por el
incumplimiento de las Normas de Homologación y la asignación deficitaria
del presupuesto universitario. Ambos elementos configuran un cuadro
dramático cuyos elementos más visibles son: El deterioro salarial y las
condiciones de vida del docente universitario y su grupo familiar, la
crisis de funcionamiento de los Institutos de Previsión por asfixia
presupuestaria y un profundo deterioro de las instituciones
universitarias caracterizado por ausencia de reposición de cargos,
envejecimiento de la planta docente, concursos desiertos, jubilaciones
masivas, deterioro de la planta física, ausencia de insumos para la
docencia, la investigación y la extensión, por sólo mencionar algunas.
Lo que fue una lucha iniciada por la dirigencia gremial, se
transformó en una lucha de otros actores institucionales y, en
particular, del movimiento estudiantil, enmarcada en la defensa de una
universidad autónoma y de calidad, la cual estaba seriamente amenazada
por un proyecto de Contratación Colectiva con intencionalidad
intervencionista.
De mutuo acuerdo con el movimiento estudiantil y en virtud de algunos
logros alcanzados, las bases profesorales decidieron mantener el
conflicto universitario, pero suspender el cese de actividades
académicas. Elemento esencial para esa decisión fue la declaración de
principios firmada por el Ministerio, AVERU y FAPUV. Declaración que
obligaba a las partes a respetar los aspectos allí contenidos e iniciar
el diálogo para la solución de los problemas. En esa oportunidad, se
acordó como fecha para evaluar la situación universitaria el 14 de
noviembre del año en curso. En ese contexto y luego de las Declaraciones
de Mérida y de Guayana la Junta Directiva de FAPUV decidió convocar una
reunión extraordinaria del Consejo Superior para el 13 de noviembre, en
Caracas.
Hasta la fecha el diálogo propuesto por la
FAPUV y acogido por el MPPEU a través de las mesas de trabajo no ha
producido resultados concretos dirigidos a la solución de los problemas
planteados.
El Consejo Superior de la Federación de Asociaciones de Profesores
Universitarios de Venezuela (FAPUV), reunido en la ciudad de Caracas el
13 de noviembre de 2013, al considerar que el día 06 de agosto de 2013,
el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria (MPPEU), la
Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) y la Federación de
Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) firmaron
una declaración de principios que contempla, entre otras cosas: a) el
reconocimiento del diálogo como la forma apropiada de resolver
conflictos; b) el deber del MPPEU de garantizar condiciones laborales
dignas al personal docente y de investigación dada la naturaleza de sus
funciones específicas y que para ello, garantizará una inversión
prioritaria para asegurar esas condiciones; c) el rol de empleador de la
universidad como parte del ejercicio de su autonomía; d) la
intangibilidad y progresividad de los derechos laborales; e) la libertad
de asociación que tiene el personal docente y de investigación y el
derecho a participar en la negociación colectiva de trabajo; f) la
participación de las organizaciones sindicales, asociaciones,
federaciones y administradores de instituciones de previsión social
(IPP) en la definición de los mecanismos para mejorar y fomentar la
complementariedad de los servicios de seguridad social y g) la equidad
de beneficios entre el personal jubilado, pensionado y el personal
ordinario.
Con fundamento en la evaluación realizada encontramos que:
- Hasta la fecha el diálogo propuesto por la FAPUV y acogido por el
MPPEU a través de las mesas de trabajo no ha producido resultados
concretos dirigidos a la solución de los problemas planteados.
- No se han instalado las prometidas mesas de “presupuesto universitario y calidad académica”;
no obstante se nos impone un nuevo presupuesto deficitario que no
garantiza condiciones laborales dignas ni el adecuado funcionamiento
institucional.
- El pago de prestaciones sociales continúa siendo atribución del
MPPEU y no de las universidades como empleadores directos del personal
universitario violentando la autonomía universitaria. Tampoco se tiene
conocimiento de la fórmula de cálculo utilizada, a pesar de las
reiteradas solicitudes realizadas por las universidades y los gremios.
- En estos momentos, el normal funcionamiento de los Institutos de
Previsión del Profesorado se encuentra en riesgo, en virtud de las
deficiencias presupuestarias acumuladas por incumplimiento de las Actas
Convenio y Acuerdos Federativos..
- La pretensión de incorporarlos a un Sistema Único Integral de Salud
dirigido por el Ejecutivo Nacional y, al no ser FAPUV signataria de la
Convención Colectiva Única, los Institutos de Previsión no recibirían
los aportes correspondientes a la seguridad social de los profesores
universitarios, violentándose la intangibilidad de los derechos.
- La intangibilidad y progresividad de los derechos no se ha
concretado en el respeto a los acuerdos federativos preexistentes y
válidamente suscritos entre la FAPUV y los entes gubernamentales
competentes, como lo son nuestras Normas de Homologación, y se pretende
imponernos una Convención Colectiva Única que no suscribimos y que es
regresiva en comparación con nuestro instrumento legal.
- La existencia de sindicatos creados por el gobierno y afectos a su
tendencia política pretende usurpar la legitimidad de los organismos
gremiales legalmente constituidos.
- Se continúa violentando la homologación de los beneficios al
personal jubilado en correspondencia con el personal ordinario, a pesar
de haberlo denunciado ante las instancias competentes (MPPEU y
Universidades) y haberse entregado el informe en la mesa
correspondiente.
- Al sector estudiantil no se le han honrado sus providencias
estudiantiles, pese a los ofrecimientos públicos y notorios del
Ejecutivo Nacional.
- La exclusión, por acción u omisión, de las autoridades
universitarias sobre asuntos que les incumben directamente, tal es el
caso de las relaciones laborales, violentándose la autonomía de las
universidades.
En este marco la FAPUV ha asumido la defensa de los intereses de
todos los integrantes de la comunidad universitaria: docentes,
administrativos, obreros y estudiantes, pues el problema universitario
trasciende lo meramente remunerativo e implica también la necesidad de
un presupuesto justo que le garantice a la universidad contribuir al
progreso científico, tecnológico y humanístico del país.
En función de la evaluación realizada el Consejo Superior de FAPUV resuelve:
1) Aprobar y difundir el informe presentado por la Presidenta de
FAPUV sobre el conflicto universitario, y dar un voto de apoyo y
confianza a FAPUV y sus Asociaciones para la implementación del Plan de
Estrategia con todas las observaciones formuladas en esta reunión y
todas las acciones de conflicto necesarias para hacer valer nuestros
derechos.
2) Mantener la declaratoria del conflicto universitario con
actividades de protesta en el corto plazo ante la negativa del MPPEU a
dar respuesta a las demandas de FAPUV: por la correcta aplicación de las
Normas de Homologación; por el cumplimiento de los derechos laborales
de los profesores universitarios y el pago de las deudas; por
presupuesto justo para las Universidades y por las providencias
estudiantiles.
3) Declarar el 06 de agosto como el Día de la Reafirmación de la Autonomía Universitaria.
4) Denunciar ante la comunidad universitaria y el país, el
incumplimiento por parte del gobierno nacional de los convenios
laborales. Exigimos el cumplimiento en todos sus puntos de la
declaración suscrita por MPPEU, AVERU y FAPUV el pasado 06 de agosto de
2013.
5) Exigir la inmediata democratización de nuestras universidades, la
realización de elecciones de autoridades tanto en las universidades
donde los plazos de gestión están vencidos como en las universidades
intervenidas y en las nuevas universidades, así como el respeto por
parte del gobierno nacional, a la voluntad de los claustros
universitarios expresada en la elección de sus autoridades.
6) Mantener la defensa de los profesores jubilados hasta alcanzar la completa equidad.
7) Jerarquizar como uno de los objetivos fundamentales de este
conflicto, la demanda de pago de la deuda que tiene el MPPEU con
nuestros Institutos de Previsión (IPP), deuda que los mantiene en una
situación de crisis aguda. Exigimos el cumplimiento por parte del
gobierno y de las Universidades de su responsabilidad de garantizar la
seguridad social del personal universitario.
8) Convocar un Parlamento Universitario en defensa de los IPP
9) Ratificar el reclamo formulado en las mesas de diálogo al gobierno
nacional de pago de la deuda con el programa de Beneficio Académico y
la convocatoria de la premiación del Beneficio Académico para 2014.
10. Fortalecer la unidad y la articulación de las luchas sociales de
los profesores universitarios con los estudiantes, demás sectores
universitarios, gremios hermanos y sectores laborales del país.
11. Expresar nuestro apoyo unánime a la Asociación de Profesores de
la Universidad Nacional Experimental de Guayana y exhortar a sus
autoridades a cumplir los acuerdos suscritos con APUNEG en relación con
los hechos violentos y vandálicos de que fue víctima el pasado mes de
julio.
12. Exigir a las autoridades universitarias que asuman su papel como
empleadoras y en defensa de la autonomía universitaria; que apliquen la
normativa legal vigente más favorable a los trabajadores universitarios y
exijan al MPPEU los recursos necesarios para ello.
13. Convocar en todas nuestras asociaciones Asambleas Generales para
informar a las bases profesorales sobre la situación actual, y extender
la consulta a nuestras bases sobre la evaluación del conflicto hasta el
mes de enero de 2014 a través de la realización de un referendo
nacional.
En Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil trece.
FAPUV
