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Dirigentes
consideran que la red de salud debe optimizarse para ser alternativa a
las pólizas de salud de los trabajadores. Foto José Leal/Archivo |
El déficit presupuestario de las empresas básicas obliga que mejoras salariales dependan del visto bueno del Ejecutivo nacional.
Las discusiones del contrato colectivo de los trabajadores
siderúrgicos y del aluminio han seguido su curso esta semana, y aunque
ha habido avances en cláusulas socio-económicas, se ha evitado abordar
las de carácter salarial porque aún se espera una definición clara del
presidente Nicolás Maduro.
José Meléndez, secretario de Organización del Sindicato de
Trabajadores Siderúrgicos y sus Similares (Sutiss), resaltó la buena
disposición de los representantes de la empresa y del Ministerio del
Trabajo en acelerar las discusiones del convenio.
Aunque informó que aún no han obtenido respuesta sobre sus propuestas
para el paquete de cláusulas económicas, añadió que en los próximos 10
días podría haber una definición del patrono sobre estos puntos. El
dirigente sindical especificó que mantienen la expectativa de un aumento
de 400 bolívares sobre el salario.
El dirigente sidorista abogó por la mejora de la red de salud pública
para poder aceptar cambios en las condiciones de las pólizas de salud
privada.
Garantías de atención médica
Pedro
Perales, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del
Aluminio (Sutralum), evaluó como positivo el avance en las clausulas
socio-económicas aunque reconoció que aún no han empezado a discutir las
clausulas económicas; que contemplan las utilidades, vacaciones,
aumento salarial, la situación de los jubilados, cooperativistas,
trabajadores convalecientes, becas educativas y guardería.
En cuanto a
la cobertura de salud, Perales afirmó que “si vamos arrancar,
arranquemos por surtir la farmacia para los enfermos recurrentes de
Venalum, porque no podemos soltar los HCM y migrar hacia los hospitales,
porque colapsaríamos, hasta las clínicas están colapsadas”.
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Entre las cláusulas socio-económicas aprobadas, según Meléndez, está
ofertar hasta 200 cabillas al año a los trabajadores que lo requieran
para mejoras en sus hogares. También se ha avanzado en el servicio de
guarderías para los niños de los trabajadores.
Reunión de alto nivel
Joel Alcalá, secretario
general del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina, Bauxita y sus
Derivados (Sutralumina-Bolívar), refirió que la reunión con Maduro y los
secretarios generales de los sindicatos con contratos en discusión fue
“pre-acordada” y posiblemente se lleve a cabo el próximo miércoles.
Sobre el planteamiento del Ejecutivo Nacional de reforzar las
misiones sociales de salud, vivienda y educación para sustituir
beneficios contractuales, Alcalá opinó que “tenemos que estar bien
claros para garantizar la salud o tenemos las clínicas a disponibilidad
de nosotros o tenemos los hospitales bien dotados”.
Alcalá detalló que emplazarán al Gobierno nacional a pronunciarse
sobre las 600 solicitudes de vivienda de los trabajadores de Bauxilum,
garantizar la atención médica a través de clínicas privadas o centros de
salud públicos funcionales y concretar el plan de jubilación.
Dependencia de Miraflores
El secretario general
del Sindicato de Trabajadores de Alcasa, Henry Arias, opinó que las
finanzas críticas de las empresas básicas han minado la autonomía para
darle respuesta a los contratos colectivos. “No debería ser así, debería
ser una discusión entre las partes. Pero es así porque las empresas
están quebradas, no pueden con las convenciones colectivas, porque
necesitan elevar su producción y él único que puede comprometerse es
Nicolás Maduro, a sacar dinero del petróleo para pagar nómina”.
El dirigente sindical informó que en las discusiones colectivas han
ratificado la cláusula 22 sobre la continuidad de labores y mantener la
tarifa del comedor de la empresa en 3 bolívares. Pero no han logrado
acuerdos en el cálculo de las vacaciones, bono vacacional, pago del
salario durante el reposo a trabajadores accidentados dentro de la
planta, enfermos ocupacionales, el reconocimiento al comité de higiene y
salud y la reducción de la jornada laboral.
Trabajadores del CLES protestaron por violaciones contractuales
Los trabajadores del Consejo Legislativo del Estado Sucre, en Cumaná,
protestaron pacíficamente en las instalaciones de la institución por las
violaciones de las cláusulas contractuales.
Sergio Salazar,
delegado sindical de los 200 trabajadores del CLES, aseguró que el
actual presidente del ente legislador, Telemaco Figueroa, ordenó
suspender unos beneficios laborales que percibían desde hace más de 20
años, como el cálculo del bono vacacional a través del salario integral.
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Trabajadores del CLES protestaron por violaciones contractuales
Los trabajadores del Consejo Legislativo del Estado Sucre, en Cumaná,
protestaron pacíficamente en las instalaciones de la institución por las
violaciones de las cláusulas contractuales.
Sergio Salazar,
delegado sindical de los 200 trabajadores del CLES, aseguró que el
actual presidente del ente legislador, Telemaco Figueroa, ordenó
suspender unos beneficios laborales que percibían desde hace más de 20
años, como el cálculo del bono vacacional a través del salario integral.
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Trabajadores del CLES protestaron por violaciones contractuales
Los trabajadores del Consejo Legislativo del Estado Sucre, en Cumaná,
protestaron pacíficamente en las instalaciones de la institución por las
violaciones de las cláusulas contractuales.
Sergio Salazar,
delegado sindical de los 200 trabajadores del CLES, aseguró que el
actual presidente del ente legislador, Telemaco Figueroa, ordenó
suspender unos beneficios laborales que percibían desde hace más de 20
años, como el cálculo del bono vacacional a través del salario integral.
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Trabajadores del CLES protestaron por violaciones contractuales
Los trabajadores del Consejo Legislativo del Estado Sucre, en Cumaná,
protestaron pacíficamente en las instalaciones de la institución por las
violaciones de las cláusulas contractuales.
Sergio Salazar,
delegado sindical de los 200 trabajadores del CLES, aseguró que el
actual presidente del ente legislador, Telemaco Figueroa, ordenó
suspender unos beneficios laborales que percibían desde hace más de 20
años, como el cálculo del bono vacacional a través del salario integral.
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