jueves, 29 de agosto de 2013

Comunicado de Sintrainces: La lucha contra la corrupción

El día 20 de agosto de 2013, el Inces celebraba en el Auditorio y Plazoleta de su Sede Principal, el Acto Central conmemorativo de su 54º Aniversario.
 
Mientras en la planta baja se entregaban botones y refrigerios al ritmo de actos musicales, el acceso a la mezzanina y los pisos 1 y 4 fueron cerrados por funcionarios del CICPC, quienes en un procedimiento requerido por las Autoridades del Inces, retuvieron a los trabajadores de la Gerencia de Tributos e Informática, requisando sus cubículos, equipos y pertenencias. 

Cuatro trabajadores fueron esposados y detenidos por presunta corrupción.


Llama la atención que en momentos donde la gestión del Inces está siendo cuestionada por el cambio metodológico de su programación en lo que se ha denominado el “desmantelamiento del Inces”; se enfile el reflector hacia estos trabajadores, dejando fuera de foco todo lo demás.
 
Como consecuencia, el Tribunal 18 de Control les dictó privativa de libertad imputándoles los delitos de peculado doloso, expedición de certificación falsa, fraude electrónico y asociación para delinquir.

Se instruyó que tres trabajadores fueran recluidos en la cárcel de Tocorón y una trabajadora en el INOF mientras dure el proceso judicial.

SINTRAINCES comparte el llamado del gobierno a enfrentar la corrupción.

Desde la creación del Sindicato hemos ejercido la Contraloría Social y Sindical denunciando irregularidades, actos de presunta corrupción y exigido transparencia en el manejo de los recursos del Inces a escala nacional y regional.

Son más de 7 años de lucha.

Pero ante cada protesta, quienes han ostentando el poder en el Instituto han buscado politizar el asunto, a sabiendas del carácter autónomo e independiente de este Sindicato. Por eso la situación actual genera dudas pues la soga reventó por lo más delgado.

En el caso en cuestión, la Organización Sindical no ha declarado en ningún momento que los trabajadores imputados estén libres de culpa y reitera que cada quién debe ser responsable de sus actos cuando de infringir la ley se trata.

Pero tampoco hemos salido a decir que son culpables. El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.” 

Por lo que, hasta que no exista una Sentencia Firme que los declare culpables, luego de un juicio justo, debemos presumir la inocencia de los trabajadores.

Lo que sí hemos reclamado es el exceso en el procedimiento. Lo que la ley señala como parte del debido proceso.

Si bien el Inces no tiene responsabilidad directa de la actuación del CICPC, sí la tiene sobre algunos de sus Directivos que asumiéndose como uno más del operativo, atropellaron al personal y de una vez los sentenciaron calificándolos de culpables. 

Más aún, arremetieron ofensivamente contra dirigentes de este Sindicato y luego van y se rasgan las vestiduras de gestión obrerista. La arbitrariedad en el ejercicio de la función pública también es sancionable. 

No es al Patrono ni al Sindicato a quienes corresponde calificar responsabilidades penales.
Eso es competencia de un Juez. Menos exhibirlos como trofeos. Por ello SINTRAINCES ha sido solidario en brindarles la orientación que el Inces les niega y que está prevista en la Cláusula Nº 50 de la Convención Colectiva vigente.

Por otro lado, llama la atención que en momentos donde la gestión del Inces está siendo cuestionada por el cambio metodológico de su programación en lo que se ha denominado el “desmantelamiento del Inces”; se enfile el reflector hacia estos trabajadores, dejando fuera de foco todo lo demás.

Coincidencia o no, se distrae la opinión pública de las decisiones de la Alta Jerarquía del Instituto.

Y ya que la Contraloría Social es tarea de todos y el Inces ha dado un paso notorio en este sentido, nos permitimos plantear las siguientes interrogantes a fin de que se avance en la cruzada recién emprendida:

¿Ha habido acceso público a la “Memoria y Cuenta” del Inces de los años recientes? ¿No ha habido ningún jefe involucrado en presuntas irregularidades, sólo imputaciones a 4 funcionarios y obreros? 

¿Cómo se le llama a los actos, eventos y divulgaciones abiertamente proselitistas donde el Inces ha invertido recursos? ¿Se han investigado las denuncias de asignación de cargos y contratos con presunto nepotismo? 

¿Cuál es la explicación a que no haya inversión tangible en mejoras tecnológicas ni en la infraestructura de los Centros? ¿Existe alguna investigación sobre las denuncias que refieren al parque automotor del Inces? 

¿Se facilitará a los trabajadores el acceso a la información para desestimar cualquier duda que se genere sobre adjudicaciones o presuntos sobreprecios? Reiteramos nuestra mejor disposición para acompañar a las Autoridades en esta lucha.
 
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE SINTRAINCES

Jubilados de CVG exigen pago de sus prestaciones

El presidente de la Asociación de Jubilados de la CVG, Miguel Espinoza, instó a los directivos del conglomerado a cancelarle las prestaciones sociales que les corresponden. 

Aseguró que su paciencia llegó al límite y por lo tanto están desesperados.
Alegó que más de 40 personas han recibido cartas de despido en lo que va de año, sin esperanza de ser justamente reivindicadas. 

“Todavía hay cesantes de 2012 que no han recibido ese beneficio, cuando legalmente deben cancelarlo cinco o 10 días después del cese de funciones”, dijo.
Instaron a los entes competentes a ofrecer soluciones de inmediato, debido a que ya agotaron todos los recursos a su alcance. “Llamamos a Osorio a dar la cara, nuestras prestaciones se han devaluado, la paciencia se nos agotó y tomaremos acciones mayores”
 
Recalcó que la alta gerencia de la corporación se ha hecho la vista gorda, pese a su insistencia por obtener respuestas claras.
“No nos dan fecha de pago, hay jubilados que desconocen cuánto les corresponde porque ese monto es una caja negra, es un secreto para CVG”, argumentó.
Emplazó a Carlos Osorio a tomar cartas en el asunto cuanto antes, puesto que sus carencias crecen a un ritmo acelerado. “Queremos que nos cancelen nuestras prestaciones sociales, la Gerencia de Personal debe emitir un solo pago, no cancelar por cuotas como lo hicieron con los ex trabajadores del año pasado”, mencionó.

Exigen su pago

Añadió que en esa cancelación deberán incluir los intereses generados hasta ahora por concepto de mora, o de lo contrario, exigirán que los reincorporen a sus cargos.
“Si CVG no tiene dinero para pagarnos deberá reingresarnos…. Debieron prever la liquidación de este pasivo tan importante antes de despedirnos”, expresó.

El miembro del Nuevo Comité de Jubilados, Jesús Santamaría, adicionó que se sienten olvidados por la Presidencia y Vicepresidencia, ya que no toman en serio sus reclamos.
“Hemos solicitado reuniones con Osorio y ha sido imposible, el Gobierno no atiende a la masa laboral de Guayana y con ello viola la Ley del Trabajo”, explicó.
Instaron a los entes competentes a ofrecer soluciones de inmediato, debido a que ya agotaron todos los recursos a su alcance. “Llamamos a Osorio a dar la cara, nuestras prestaciones se han devaluado, la paciencia se nos agotó y tomaremos acciones mayores”, sentenció Espinoza.

Cifras 

150 jubilados llevan años esperando sus prestaciones
45 jubilados no han sido reivindicados este año
6 meses llevan esperando el pago

miércoles, 28 de agosto de 2013

El Universal: Terror en uniforme

Toparse con unos conos en medio de una calle oscura. Desde las sombras precisamos las siluetas de lo que parece son efectivos militares, cuyos uniformes verde oliva se funden en la penumbra.

Con un abrupto nerviosismo no previsto reducimos la velocidad a casi cero. ¿Bajamos el vidrio? Nos preguntamos y en la memoria reciente sentimos más de cerca las noticias que nos han narrado las muertes bajo proyectiles ocurridas en los puestos improvisados del plan “Patria Segura”.

Hacemos contacto visual con los guardias armados con fusil. Intercambiamos miradas. El rostro delata la corta edad del uniformado. Quizás 18 ó 20 años a lo sumo.


De las 2.693 muertes ocurridas en 15 años a manos de los cuerpos de seguridad, 11% fueron responsabilidad de miembros de la FANB. Todas ellas por “ejecuciones” y “uso excesivo de la fuerza”


Luego de un difuso gesto que insta a seguir, la tensión baja tras haber superado con éxito esa barrera que pudiera indicar la diferencia entre la vida y la muerte.

El asesinato de Luimener Pacheco y su hija de 12 años por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el pasado 4 de julio, cuando transitaba con sus tres hijas por una calle de Coro en su vehículo Corsa, expone nuevamente ante el país la violencia que se ejerce desde los cuerpos policiales y militares contra los ciudadanos.

La mayoría de los 10 efectivos imputados por homicidio calificado en este caso son jóvenes entre 19 y 21 años, quienes portando armas de guerra atacaron a la indefensa madre y sus tres hijas.

Ello según los expertos, expone la falta de preparación de esos efectivos para resguardar la seguridad de los ciudadanos y menos aún para combatir el crimen.

Para Provea, el caso demostró que la FANB sigue violando los Derechos Humanos mientras que Cofavic sentencia que el Plan “Patria Segura” viola la Constitución Bolivariana.
Pero ese no ha sido el único episodio ocurrido en los últimos meses: unos días después, el 9 de julio, Reny Adolfo Suárez, un “pimpinero” del Estado Táchira fue detenido en una alcabala y murió al ser obligado a ingerir gasolina por los militares.

El 27 de julio Zoe López fue detenida y asesinada en la Alta Guajira por efectivos militares cuando se desplazaba por la región en compañía de un hermano y otras tres mujeres.

El 14 de julio, Edwin Moisés Rivera, de 20 años, murió al recibir un disparo en la espalda cuando un efectivo militar le dio la voz de alto en el barrio La Bombilla de Petare.
El 24 de julio hallaron el cadáver del cabo II de la GNB, Diosnny Manuel Guinand Yeudez (24), enterrado en la sede del comando en Macarao.

El 8 de agosto, un efectivo del Ejército asesinó al alumno de la Universidad de Carabobo, Ánderson Oliveros de 20 años de edad, en el barrio El Romancero de Valencia.
Y vecinos de la avenida Baralt responsabilizan a un comando de la GNB como responsables del asesinato de dos indigentes ocurridos el sábado 17 de agosto en horas de la madrugada.

De ellos, el 11% son atribuidos a la FANB. De esas muertes 66% ocurrieron por ejecuciones perpetradas por los cuerpos de seguridad; 8% por uso excesivo de la fuerza y 19% por otras causas.

Cabe destacar que las cifras ofrecidas por Provea son tomadas del CICPC. Pero cifras ofrecidas por el Ministerio Público en su “Plan de Seguimiento de Casos sobre violaciones a los Derechos Fundamentales” registró 7.243 violaciones al derechos a la vida entre 2000 y 2007, cuya responsabilidad es atribuible a funcionarios policiales y militares.

Asimismo, el Ministerio Público reconoció que entre 2006 y 2010 hubo 30 mil nuevos ingresos en casos que fueron denunciados ante el organismo por violaciones a los Derechos Humanos.

Es decir, se trata de casos que la Fiscalía conoce en sus informes anuales de acuerdo a las denuncias recibidas que contemplan torturas, violaciones al derecho a la vida o detenciones ilegales.

Plan Patria Segura

Vestido de blanco y con el brazalete tricolor en el brazo izquierdo, Nicolás Maduro encabezó el lanzamiento del “Plan Patria Segura” que según destacó cuenta con más de 3 mil funcionarios del Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Este nuevo plan que se agrega a otros 20 del período de Hugo Chávez sería la continuación del anterior “Misión a Toda Vida Venezuela” a la que se le incorporó el elemento militar, invirtiendo el concepto civil de la seguridad.

A diferencia de su “padre político”, desde el Patio de Honor Universidad Militar Bolivariana del Ejército, Maduro admitió que el problema más importante que tiene la sociedad venezolana por resolver es la criminalidad.

“Le toca a la FANB, al Ejército, a la Guardia del Pueblo, PNB, CIPC, Sebin. Los llamo al servicio de la patria. Tiene que ser más operativo, algo más que patrullaje. Tiene que ser con consciencia, pasión, compromiso y amor”, comentó a los efectivos presentes en el acto.

Sobre el caso de la “masacre de Falcón”, la Fiscal general Luisa Ortega Díaz aclara que los efectivos que actuaron en ese homicidio no formaban parte del Plan Patria Segura, sin embargo el comando militar estaba en labores de seguridad.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, el militar Rodríguez Torres, a cargo del organismo que irónicamente agrega a sus siglas la coletilla de “Paz”, defiende el plan señalando que los homicidios han disminuido 27%.

Pero las cifras de cadáveres que ingresan en la morgue delatan otra perspectiva con una cifra cercana a los 450 cadáveres al mes, de los cuales 70% son homicidios, descartando otras variables como “enfrentamientos” y accidentes de tránsito.

La oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas ubica a Venezuela como uno de los países con mayor índice violencia en el mundo.

De haber estado en 12 homicidios por 100 mil habitantes en el año 1995, en 2011 llegamos a los primeros lugares con 45,1 homicidios por 100 mil habitantes.

Es de señalar que la cifra de la ONU es bastante conservadora entendiendo que este organismo basa sus datos estableciendo un promedio en la data que levantan las ONG y los organismos oficiales de los gobiernos.

En contraste, para el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas registra un índice muy superior. Según sus estimaciones Venezuela registró 75 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Impunidad para los agresores

Liliana Ortega ha explicado que cuando se habla de violaciones a los Derechos Humanos no son delitos comunes, sino que tiene que ver con situaciones en donde hay una agresión en la que hubo una intervención de funcionarios del Estado, o de grupos de personas que actuaron con la aquiescencia del Estado.

Por ello son delitos cometidos por entes o funcionarios públicos.

Según Cofavic, los datos aportados por el propio Ministerio Público, 93% de estas denuncias terminan en sobreseimiento. Solo 7% logra ver a un juez y apenas 4% terminan en condena.

Las manifestaciones

El informe “15 años de DDHH” de Provea registra que entre 1997 y 2011 se han producido 24.051 manifestaciones públicas. Es de destacar que la conflictividad social ha ido en aumento cada año al mismo tiempo que la represión de las mismas.

En 1997 se registraron 550 manifestaciones de calle y fueron reprimidas 44. En 2011 la cifra remonta a 4.472 manifestaciones de las que 134 fueron reprimidas. En ellas hubo 39 asesinatos, 2.963 heridos y 4.053 detenidos.

Durante las manifestaciones de los días 15 y 16 de abril en protesta por los resultados electorales ofrecidos por el CNE resultaron gravemente heridas 104 personas.
Varios casos tuvieron que ver con disparos a corta distancia por parte de efectivos de la GNB ocurridos después de que la persona estaba detenida.

Es de destacar que la actuación del la GNB en Lara estuvo coordinada desde la guarnición militar desde donde se impartieron las órdenes para reprimir las manifestaciones.

Otras denuncias fueron por torturas y golpizas en los centros de detención del comando regional. Al menos 72 de estos casos están denunciados en la Fiscalía y en instancias internacionales.

Esta situación revivió hechos ocurridos en 2004 cuando la GN y fuerzas especiales del Ejército reprimieron las manifestaciones utilizando armas de guerra con el resultado de 10 fallecidos y 300 heridos, varios de ellos por disparos de fusil.

Inconstitucional

El artículo 332 de la Constitución establece claramente que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”.

La ONU tiene una resolución muy completa sobre el tema del “empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”.

Entre muchos aspectos destaca que: “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Así mismo establece que: “No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios”. 

Para medir lo delicado que es para los gobiernos democráticos la militarización de las policías tenemos un ejemplo reciente en el Salvador cuando, el pasado mes de mayo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucional” la designación de David Munguía Payés como ministro de Seguridad Pública y Justicia y de Francisco Ramón Salinas como director de la Policía Nacional, alegando su condición de militares, dado que vulneraba el artículo 159 de la Constitución de ese país que establece la separación de funciones de la defensa nacional y la seguridad pública.


La sentencia se produjo a pesar de que ambos generales se encontraban en situación de “retiro” señalando que “los aludidos generales, en la medida en que no han finalizado su carrera militar, sino que se encuentran en una situación de retiro, no han dejado de ser militares”. (Francisco Olivares, El Universal, 25.08.13)

José Bodas: “Contrato petrolero se rige por acuerdos políticos y se incumplen 80% de cláusulas”

La tardanza en las discusiones y firma de las tres últimas convenciones colectivas del sector petrolero corresponde a una política sistemática para criminalizar la protesta y los contratos por parte del holding estatal, advirtió el secretario ejecutivo de la Futpv (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela), José Bodas.


Para el directivo, el gobierno pretende cometer estas “barbaridades” alegando que las acciones de calles son dirigidas por potencias extranjeras o pagadas por sectores.
“No se dan cuenta de que estas manifestaciones son consecuencia de las violaciones constantes a los documentos contractuales”.


No se puede hablar de justicia social cuando vemos que todos los salarios de los venezolanos están destruidos por la inflación, devaluación y el alto costo de la vida

Insiste en que se debe declarar la emergencia en la Futpv a fin de trabajar día y noche para elaborar la nueva propuesta contractual que sustituirá a la que vence el 1° de octubre (2011-2013), que fue aprobada a mediados de 2012 con 10 meses de retraso.

- ¿Por qué la tardanza en comenzar a discutir el nuevo contrato (2013-2015)?

-En las últimas tres convenciones hemos visto que Pdvsa dilata la discusión, además se suscriben por dos años, pero en la práctica están vigente tres años.
Debido a que la estatal no paga el retroactivo generado por la demora en firmar estos tres contratos, hemos perdido el equivalente a uno que no vamos a recuperar. Esto parece ser la nueva política de la empresa para acabar con las contrataciones colectivas.

- ¿Cuáles cláusulas se están cumpliendo de la convención actual?

- Pdvsa desconoce e incumple 80% de las 80 cláusulas que tiene el contrato. Lo que ha acatado es el pago del salario diario que fue pactado en Bs 119 y la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA) que está en Bs 3.700 porque este año le aumentaron mil bolívares.

-¿Cuáles condiciones está incumpliendo Pdvsa?

- En primer lugar, en las discusiones de la convención la empresa petrolera ofreció construir 28 mil viviendas para la masa trabajadora y en dos años no han hecho ni las maquetas de los proyectos.
Las evaluaciones por desempeño (antigua meritocracia) que el patrono le hacía anualmente al personal que actualmente se conoce como la famosa tablita de los sueldos, no la están cancelando.
Lo mismo ocurre con el pago de las sustituciones o suplencias (superior a 35%) que no se cumple en ninguna de las áreas.
Tampoco están dotando a los trabajadores de los implementos de seguridad personal (bragas, uniformes, cascos, botas) que deben hacerlo cada tres meses, pero la estatal tarda hasta año y medio en entregarlos, incluso hay quienes tienen que comprarlos de su salario para evitar correr riesgos mientras laboran.

- ¿Por qué se incumplen tantos acuerdos?

- En la industria petrolera hay cerca de 105 mil trabajadores, 100 organizaciones sindicales que tienen entre siete y nuevo directivos y Pdvsa sólo mandó a imprimir en 2012 unos 200 ejemplares del contrato y casi nadie los tiene.
Se aprovechan de eso para que no exista el reclamo del personal. Además, no está homologado y todos deben tener una firma del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, pero al no estar registrado no se puede introducirse un pliego conciliatorio ante este organismo.
Esto es un golpe duro para los sindicatos y el personal. Así es muy difícil elevar los reclamos y buscar soluciones. Parte de la directiva de la Futpv dijo que no se hizo la homologación porque suscribieron un pacto con el gobierno y como son pesuvistas lo están dejando pasar.
Esto no puede discutirse en el seno de un partido, es en el ente ministerial donde debe hacerse. Desde que fue firmado el contrato petrolero se rige por acuerdos políticos y se incumplen 80% de las cláusulas.

- ¿A cuántos trabajadores anzoatiguenses afecta el incumplimiento del contrato?

- A más de ocho mil, incluyendo a los de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Los que laboran en las empresas mixtas también están amparados por la convención aunque no están reflejados en la contratación debido a que fue discutida y aprobada para Pdvsa Petróleo y Gas.
Hemos propuesto que en las asambleas se tomen en cuenta las necesidades del personal de estas compañías porque hay clasificaciones y labores que sólo se llevan a cabo en ellas. No es lo mismo una homologación a un trabajador de una refinería que a los que están costa afuera porque la naturaleza del trabajo no es la misma.

-¿Qué propone para iniciar los debates?

- Que la Futpv se traslade a los puestos de trabajo y recoja las propuestas del personal y escuche los problemas de todas las áreas para ensamblar un plan que incluya las necesidades de cada frente.
Debemos hacer inspecciones por seguridad en todas las refinerías, plantas, taladros y empresas mixtas para exponer las condiciones que deben mejorarse.
-La Futpv tiene un registró de cuántos accidentes laborales han ocurrido en la industria en los últimos años.
- Según un informe anual que emitió Pdvsa en 2012, se reportaron 519 eventos en el país que dejaron 625 lesionados y 24 fallecidos. Este es un reporte que obliga a la estatal a respetar las condiciones de seguridad y ambiente en las áreas de trabajo y la convención colectiva para evitar estas cifras preocupantes.

- ¿De cuánto será la propuesta de ajuste salarial?

- Mínimo debe ser de 150%.
Es tan poco lo que está ganando el trabajador petrolero que aún hablando de un ajuste de 100% no cubre las expectativas. A los que ganan Bs 3.200 un incremento de 50% o de 80% no representa un gran monto.

No se puede hablar de justicia social cuando vemos que todos los salarios de los venezolanos están destruidos por la inflación, devaluación y el alto costo de la vida. (Nathalia Guzmán Soto, El Tiempo, 26.08.13)


Sidoristas rechazaron militarización del portón 3

El integrante de Despertar Sidorista, Rodolfo Salazar, rechazó categóricamente la militarización del portón 3, tras la exigencia de la masa obrera de que la siderúrgica responda por sus reivindicaciones laborales.

Afirmó que desde tempranas horas se apostaron efectivos de la Guardia Nacional en sus inmediaciones, intentando amedrentar a los trabajadores que tienen meses luchando por disfrutar mejoras de avanzada.

“Presumimos que esa orden la dio el presidente de Sidor, Javier Sarmiento; la clase trabajadora desaprueba ese despliegue militar, nosotros no queremos motines, lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos”, aseguró.


Insistió en que ese método de intimidación no tendrá cabida, ya que lo único que les interesa es trabajar y producir. “Esto no es un cuartel, no queremos una nueva Ternium para que nos pongan la bota en el cuello”, indicó


Enfatizó que esas acciones son inadmisibles, puesto que las partes competentes deben apegarse al diálogo y no a la violencia.

“La dirigencia debe conversar con los agraviados, el portón 3 es nuestra casa de reuniones, allí conversamos y realizamos las asambleas, no somos militares”, expresó.

Instó al secretario general de Sutiss a defenderlos de esta “campaña de hostigamiento” que se está llevando a cabo en la acería. El descontento también se manifestó en los miembros de Alianza Sindical, debido a que repudiaron de forma contundente la presencia de unidades antimotines y perros antidrogas.

El secretario de Organización de Sutiss, José Meléndez, expresó que esa política ha generado un caos innecesario, ya que “los sidoristas no están acostumbrados a ser amedrentados”. Agregó que esas medidas atentan contra “la patria y los derechos laborales”.

Insistió en que ese método de intimidación no tendrá cabida, ya que lo único que les interesa es trabajar y producir. “Esto no es un cuartel, no queremos una nueva Ternium para que nos pongan la bota en el cuello”, indicó.


Ambos representantes emplazaron al titular de la CVG, Carlos Osorio, y a Sarmiento a tomar vías alternas para afrontar la crisis. “La solución no es hostigar, aquí hay civiles dispuestos a conversar”, dijo Salazar. (Rita Colina, Nueva Prensa de Guayana, 27.08.13)

Cláusulas de contrato de CVG sujetas a líneas del Ejecutivo

Prevén que firmas de las convenciones se extenderán dos meses más

MARÍA RAMÍREZ CABELLO |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Ciudad Guayana.- Los sindicatos de las empresas básicas de Guayana que iniciaron la discusión de los contratos colectivos en el 2012 llegaron a un punto en el que no ven avances. En los últimos nueve meses, las negociaciones se centraron en ratificar y modificar cláusulas y, en la actualidad, están en expectativas pues sólo resta por discutir el bloque de cláusulas socioeconómicas en donde se aglutinan las peticiones de aumento salarial. 

Los dirigentes sindicales más optimistas aseguran que trabajan en función de firmar los contratos colectivos a más tardar a finales de agosto, cuando se cumple un año de que el ex presidente de la República, Hugo Chávez, aprobara a regañadientes el inicio de la discusión contractual. Los más conservadores desestiman que las cláusulas con incidencia salarial se puedan aprobar en tan poco tiempo, con lo cual prevén que la firma se extienda por al menos un par de meses más.

En CVG Bauxilum, Sutralúmina ha aprobado 82 cláusulas de un anteproyecto de 124 disposiciones, mientras que Suprobaux ha firmado 60 cláusulas de 122 "pero sin impacto económico", asegura el director laboral, Wilfredo Flores.

"Se está esperando el lineamiento del Ejecutivo para discutir las cláusulas económicas, de acuerdo con lo que dijo el presidente Maduro de que se comprometía a subsidiar los contratos por dos años", dijo.

Manifestó que existen "altas" expectativas de firmar el contrato a finales de agosto, "se trabaja en función de eso, porque casi todas las empresas ya han discutido todas las cláusulas sin incidencia económica".

El secretario general de Sutrapuval, Manuel Díaz, esperaba que esta semana la directiva de CVG Venalum entregara a la organización sindical el estudio económico, con base a las solicitudes de los trabajadores. En este caso, resta por discutir el bloque económico de 37 cláusulas con incidencia salarial.

"Sutrapuval desde el 2006 no discute convención, tenemos casi cinco años con el contrato vencido, estamos pidiendo una consideración especial y por eso hablamos con el presidente de la empresa, Euclides Campos, y está dispuesto a firmar esa convención colectiva. Estamos haciendo las gestiones para buscar contacto con el viceministro del Trabajo, Elio Colmenares, porque estamos forzando la barrera para que se firme en agosto ese contrato".

En CVG Carbonorca, destacó el secretario general de Supco, Daniel García, cuentan con un avance de 60% en la negociación. También están en espera de las propuestas económicas por parte de la empresa, cuya directiva ha manifestado que aún no tiene los lineamientos por parte del Ejecutivo. 

En Sutracarbonorca, han aprobado 79 cláusulas de 116 en total, pero el secretario general de la organización, Emilio Campos, recalca que sin la presencia de la Procuraduría General y los ministerios de Planificación, Finanzas y Trabajo, las firmas definitivas de los contratos están lejanas.

"Desde hace un mes se retomaron las discusiones de los contratos colectivos pero vienen retrocediendo, porque no hay lineamientos económicos. Sigue paralizada la discusión de las cláusulas económicas y estamos exigiendo que se tome seriedad", exhortó el secretario de finanzas de Sutracarbonorca, William Hernández.

Dirigentes sindicales han planteado como vía para agilizar la discusión de las cláusulas homologar los conceptos del flujograma de cálculo del salario normal en las industrias, siendo el modelo de CVG Alcasa uno de los más favorables

Empresas básicas deben 200 millones de bolívares a clínicas

Venalum, Sidor y Alcasa son las únicas instituciones que abonan a la deuda

JAVIER MORENO SUCRE |  EL UNIVERSAL

El reciente corte administrativo de la Asociación de Clínicas de Guayana (Asocligua), arrojó que la deuda acumulada de las empresas básicas con los 20 centros de salud privados en la región, ascendió a los 200 millones de bolívares.

Venalum, Sidor y Alcasa son las corporaciones que han amortizado fondos económicos a la deuda con las clínicas. En cambio, Carbonorca, Ferrominera y Bauxilum, desde hace un buen tiempo no han abonado un solo bolívar a las cientos de facturas vencidas, aseguró un representante de Asocligua.

La alarmante cifra de la deuda activó alarmas en el seno del gremio clínico de Guayana, quienes se mantienen en asamblea permanente para tomar los correctivos económicos y poder garantizar la atención médica a los beneficiados por las empresas básicas y a los habitantes del estado Bolívar.

"El acumulado de deudas compromete la estabilidad de las 20 clínicas de la región. Nuestro principal cliente son las empresas básicas y dependemos que las mismas cancelen para poder trabajar. Se han dado casos que nos deben 800 millones de bolívares y únicamente abonan 100. Después cuesta mucho cobrar los 700 millones restante", enfatizó el directivo.

Se conoció que los representantes de las instituciones privadas están redactando un tabulador de precios que les permita llegar a nuevos acuerdos con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Los convenios de precios estipulados entre Asocligua y las empresas básicas no se han revisado desde hace varios años.

Otra de los inconvenientes es la relación administrativa clínica-aseguradora. 


Los representantes de las clínicas repudian que sean los analistas de las empresas de seguros quienes decidan que monto van a cancelar durante la solicitud de las claves de ingresos y carta aval. 

"Lamentablemente las aseguradoras se están aprovechando de la imposición de un tabulador de precios obsoleto por parte del Gobierno nacional. Son sus analistas quienes deciden cual es el monto aprobado, que pagarán y que no, eso no es jugar limpio en lo que se refiere a la relación del servicio médico que se ofrece. Tenemos varios casos donde se pretende cancelar 2.200 bolívares por un día de Terapia Intensiva, y eso no lo vamos a tolerar porque genera pérdidas", agregó.

FUTPV: Recomiendan paralizar refinerias por Seguridad

Recomiendan parar plantas en el CRP por seguridad

EL UNIVERSAL

Advierten sobre la desatención a cursos y certificaciones de seguridad industrial


El Centro de Refinación Paraguaná (CRP), que agrupa las refinerías Amuay, Cardón y Bajo Grande -y cuya capacidad de procesamiento de 955 mil barriles por día lo hace uno de los más grandes del mundo- sigue mostrando una recurrencia en incidentes de seguridad industrial tras la explosión de agosto de 2012.

Estas circunstancias han sido advertidas por los trabajadores de las propias refinerías, quienes han levantado informes sobre las condiciones de trabajo y de seguridad laboral en las plantas.

Iván Freites, presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros del estado Falcón y secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), manifestó que el Comité de Seguridad y Salud Laboral (conocido como CSSL) del complejo refinador recomendó que la planta Catalítica de la refinería Cardón y la planta Flexicoquer (FKAY) de Amuay deben paralizarse para someterlas a reparaciones, ante las fallas operativas que acumulan.

"Deben corregirse fallas en equipos y en los sistemas de seguridad", dijo Freites.

También lamentó que en las refinerías "se acabó la cultura de seguridad industrial. Ahora las charlas de seguridad, que todos los días eran obligatorias en toda la corporación -sobre todo en refinerías- y donde se discutía sobre accidentes ocurridos, se convirtieron en charlas políticas".

Los cursos de certificación en seguridad, que se dictaban cada 1 o 2 años ahora se hacen cada 4 o 5. "Los trabajadores andan sin esos cursos. Y no es culpa de ellos, sino de la gerencia", dijo Freites.

Sobre la equipación de los trabajadores dijo que "los trajes y guantes están deteriorados. No hay inventarios en almacén para dotar a trabajadores, y en las contratistas están en peores condiciones".

También advirtió que en el CRP "los sistemas contra incendios, detectores, alarmas y sistemas de apagado de incendios tienen problemas. La espuma contra incendios y los extintores en muchos casos están vencidos, no son reemplazados o mantenidos. Y en un incendio como el de Amuay hacía falta espuma", que terminó importándose con premura.

Sobre el medio ambiente de trabajo, una minuta del CSSL de julio pasado detalla que según los trabajadores la operación de la planta Catalítica está afectada por la carencia de operadores y otros cargos, que lleva a que "80% del personal de operaciones sobrepasa las horas extraordinarias legales"; amén de problemas y denuncias de los trabajadores sobre maltrato y agresiones verbales de sus supervisores.


MINERVEN: SINMIORO anuncia pagos.

María Alejandra Ceballo

Foto: María Alejandra Ceballo 


El Callao.- Esta semana los trabajadores de la estatal aurífera Minerven serán reivindicados con algunos beneficios contractuales en atraso. Así lo informó Elby Soto, secretario general del Sinmioro de nómina diaria.

“Se cancelarán los dos días por año correspondientes a los meses marzo, abril y mayo; así como los salarios caídos producto de los 60 días de paralización. También se entregarán las tickeras faltantes”, afirmó.

Anunció además que se está cumpliendo con el acta firmada el pasado 12 de agosto, que establece el pago del fideicomiso y la homologación de salarios para los trabajadores de Mina Isidora (antigua Venrus); lo que en algunos casos se revierte en incremento de sueldo.

“El próximo mes se procederá con la homologación de salarios del centro de operaciones mineras Chocó 4 y Chocó 10, Mina Simón Bolívar, Planta Caratal y Sosa Méndez”, explicó.

Por otro lado, agradeció el mensaje escrito por el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, quien por su cuenta de Twitter habló del compromiso de mejorar las plantas de Minerven.

“Pedimos que el ministro agilice los recursos que se necesitan para rescatar las procesadoras, debido a que en este momento muchos trabajadores regresaron a sus lugares de trabajo, pero se ven imposibilitados de ejecutar labores por falta de condiciones”, declaró.

Ancla A su vez, extendió un llamado a aquellos compañeros que continúan de brazos caídos. “La única manera de nosotros velar por la honra del trabajo es que se acuda al lugar de operaciones, siempre y cuando se garantice el transporte”, recordó.

En ese sentido, rememoró que los problemas con el transporte se arrastran desde hace varios años, razón por la cual pidió que la asignación de las 72 unidades ofrecidas por las autoridades se concrete a la brevedad posible.

Finalizó informando que el pago de la caja de ahorro se hará efectivo una vez culmine la auditoría. “Se están evaluando los expedientes de cada trabajador desde el año 1997, trámite que puede demorar algún tiempo”, concluyó Soto.


FAPUV ofrece balance de conversaciones en OPSU

Presidenta de FAPUV hace un balance de las conversaciones que se han venido adelantando en la sede de la OPSU


La Profesora Lourdes Ramírez de Viloria, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) se dirige a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, a fin de informar sobre la situación actual de las conversaciones que se han venido adelantando en la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), entre representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), las Organizaciones y sindicatos signatarias y adherentes en la Convención Colectiva de Trabajadores Universitarios recientemente aprobada y la FAPUV, como Organización Gremial invitada.
Recordamos que la FAPUV no es signataria ni adherente en la referida Convención Colectiva. La Federación, ha sido invitada para las mesas de trabajo por parte del Viceministro de Planificación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y también Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Prof. Humberto González, en respeto a la progresividad e intangibilidad de nuestros derechos, establecidos en las Leyes vigentes, Actas Convenio Institucionales y Acuerdos Federativos, cuya vigencia fue ratificada en Declaratoria suscrita entre los representantes del MPPEU, AVERU y FAPUV, el día 6 de agosto.
Ante la preocupación generada sobre el inicio de la discusión de los diferentes aspectos previstos para las mesas de trabajo anunciadas por el Viceministro González (reunión del día 6 de agosto)  y la invitación pública (diario Últimas Noticias, 7 de agosto) a las Federaciones que no participaron en la instalación de las mismas, el día lunes 12 de agosto la Presidenta de FAPUV se comunicó con representantes del MPPEU  y de esa manera nos enteramos que el día miércoles 14 de agosto estaba prevista la instalación de la mesa de discusión sobre Seguridad Social, para la cual fuimos invitados por vía telefónica.
El martes 13 de agosto se instaló la Comisión Nacional de Viviendas, la cual realizó su segunda reunión el día lunes 19 de agosto, para esta mesa no fue invitadaFAPUV, por un supuesto error generado en la OPSU.
El miércoles 14 de agosto se instaló la mesa sobre Seguridad Social, comenzando las conversaciones sobre el Sistema Integrado de Salud; la segunda reunión de esta Comisión se realizó el miércoles 21 de agosto. De estas reuniones surgió la necesidad de establecer un diagnóstico de lo existente en las diferentes Universidades y para tal fin se designaron 3 subcomisiones. (1) Censo demográfico y financiero; (2) Instalaciones y servicios existentes; y, (3) Sistematización.
Jueves 15 de agosto, se instaló la Comisión para la Discusión de una Agenda para Impulsar la Revisión del Marco Legal y Normativo de la Educación Universitaria. Esperamos ser invitados para la próxima reunión.
Viernes 16 de agosto se instaló la Comisión de seguimiento al cumplimiento de laCCU. No es competencia de FAPUV.
Martes 20 de agosto se instaló la Comisión para la Construcción de un Sistema de Desarrollo de Carrera de los Empleados Administrativos. No es competencia deFAPUV.
Miércoles 21 de agosto se instaló la Comisión para la Construcción de un Manual de Cargos para el Personal Obrero. No es competencia de FAPUV.
El viernes 23 de agosto de 2013 se instaló la Comisión para la propuesta de programas de adquisición de vehículos, equipos informáticos y otros bienes. En  ella se decidió hacer un diagnóstico sobre los programas de este tipo existentes en las diferentes Universidades. Próxima reunión sin fecha.
Lunes 26 de agosto se instalará la Comisión para la formación continua y permanente de los trabajadores administrativos y obreros. No es competencia deFAPUV.
Martes 27 se instalará la Comisión para la propuesta de programa de recreación y turismo social. De importancia para las Asociaciones de Profesores que disponen de estos programas y de instalaciones dedicadas a estos fines.
Miércoles 28 de agosto se instalará la Comisión para la revisión de planes de jubilaciones y pensiones. De gran importancia para el gremio y desde allí propiciar las correcciones a los errores cometidos en la CCU y que vulneran la progresividad e intangibilidad de los derechos del personal  jubilado y pensionado; derechos que deben ser los mismos del personal activo.
Jueves 29 de agosto se instalará la Comisión para la revisión y seguimiento del pago de prestaciones sociales. Esperad por el gremio desde hace mucho tiempo para recibir información necesaria sobre el estado del pago de este concepto: la evolución de los llamados ¨petrorinocos¨ (que nunca existieron como tales), ¿cómo se hicieron estos cálculos y cuáles fueron los criterios de prioridad para su pago? ¿Qué propuesta tiene el MPPEU para continuar honrando este concepto y pagarlo al día?.
Viernes 30 de agosto, se instala la Comisión para la valoración de la existencia de deudas y la creación de mecanismos de pagos. También de gran importancia: deudas por errores en la fórmula de cálculo de los bonos, deuda por la incorrecta aplicación de las Normas de Homologación desde el bienio 2004-2005, deuda por romper la racionalización académica del personal docente, deuda por no haber aumentado el salario en los años 2009, 2010, 4 primeros meses del año 2011, año 2012, prima por hogar, bono alimentación y bono salud, entre otros.
Consideramos estas mesas de trabajo un avance más para lograr acuerdos. Estos acuerdos se podrán lograr a mediano y largo plazo. Es necesario seguir dialogando.
Nuevamente enviamos comunicación al Ministro Pedro Calzadilla solicitando que se instale una mesa sobre la aplicabilidad de las Normas de Homologación.Esperamos pronta respuesta. Los representantes del Ministerio reconocieron y ratificaron la progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de nuestros derechos; la vigencia de nuestras Actas Convenio Institucionales y de nuestros Acuerdos Federativos. Ahora es necesario discutir cada uno de los aspectos allí contenidos.Para la paz laboral es necesario el diálogo franco.
Esperamos por Usted Sr. Ministro.
PROF. LOURDES RAMÍREZ DE VILORIA
PRESIDENTA DE FAPUV.
 ConflictoVe Fuente: Nota de prensa de FAPUV

Exigen firma de Contrato Colectivo: Trabajadores de Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca

En el sector aluminio exigen firma de contratos colectivos

EL UNIVERSAL

Trabajadores de Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca, todas pertenecientes al sector aluminio, celebraron una asamblea  para exigir al Ejecutivo la firma de los contratos colectivos.

Desde las 06:30 de la mañana los trabajadores protestaron para manifestar su exigencia y recordaron que la discusión de sus contratos está a punto de culminar. Solo faltan las cláusulas de orden económico.

No fue sino hasta las 09:00 de la mañana cuando permitieron la reanudación del tráfico.

"El 20 de agosto del año pasado el presidente de la República de aquel entonces, después de que los trabajadores lo presionamos, dijo que no tenía problema en que se discutieran las convenciones colectivas. Hoy, después de un año, el patrón Estado sigue jugando con la paciencia de los trabajadores. No estamos dispuestos a seguir aguantando esto. 

Señores del Gobierno, de ustedes depende que en Guayana haya paz. No van a hacer con nosotros lo mismo que con los trabajadores de la salud", señaló el director laboral de CVG Carbonorca, Hernán Pacheco. RUS 

¡BASTA YA! No más Violencia contra las mujeres

Descripción: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/ASI.png
25 DE AGOSTO ¡BASTA YA! 
No más Violencia contra las mujeres



Situación de las Mujeres en los países del CONO SUR

Más de un tercio de las mujeres del mundo (35,6 por ciento) experimentan algún tipo de violencia, según estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS-2013).  Ante esto, los países del cono sur no son la excepción, situación que es preocupante para el Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas (CMTA / CSA).

Según datos del Tribunal de Justicia Electoral y de acuerdo al informe de la Ministra de la Mujer (junio-2013), en Paraguay las mujeres representan el 49,5 por ciento de la población de un total de 6,5 millones de habitantes, donde una de cada cinco mujeres (637.000) son víctimas de algún tipo de violencia y alrededor de 375.000 la sufren cada año de parte de su pareja.

En Argentina, una mujer muere cada 35 horas por violencia de género.  En el 2012, se registraron 255 feminicidios, es decir, 255 asesinatos de mujeres por razones de género, y en el caso de Uruguay, según datos oficiales, hubo 24.000 víctimas de violencia doméstica (2012), contra unas 16.000 en  el 2011.

Por otra parte, el “Mapa de la Violencia en Brasil 2012” presentó un suplemento especial llamado “Homicidios de Mujeres en Brasil”.  El estudio mostró el porcentaje de víctimas identificadas anualmente, el cual aumentó más de 200% en 30 años (91.000 feminicidios). El informe evidencia además,  la existencia de un índice de 4,4 homicidios para cada grupo de 100 mil mujeres. Esa suma pone a Brasil en el séptimo lugar en la nómina de los países donde hay más feminicidios.

En el caso de Chile, si bien los femicidios han mostrado un decrecimiento importante en los últimos dos años,  las denuncias por Ley de Violencia Intrafamiliar vigente desde octubre del 2005, han tenido un aumento extraordinario: 54.000 casos ingresaron a la Fiscalía durante el año 2007 y 137.296  para el 2012, es decir, se constata una demanda de atención especializada que ha aumentado en un 154% en cinco años. (Boletín Estadístico de Fiscalía, 2012)

La CSA (Central Sindical de las Américas), su CMTA (Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas), y la ASI (Alianza Sindical Independiente de Vzla) hacemos un llamado a los Estados y a la sociedad en general para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, es importante que se promulguen leyes y se formulen políticas públicas que protejan a la mujer; que combatan la discriminación y fomenten la igualdad de género.


¡BASTA YA! Erradiquemos todo tipo de violencia que enfrentan las mujeres de las Américas.

Ana Francisca Soto
Departamento de la Mujer
Alianza Sindical Independiente