Toparse con unos conos en medio de una calle oscura. Desde
las sombras precisamos las siluetas de lo que parece son efectivos
militares, cuyos uniformes verde oliva se funden en la penumbra.
Con un abrupto nerviosismo no previsto reducimos la velocidad a casi
cero. ¿Bajamos el vidrio? Nos preguntamos y en la memoria reciente
sentimos más de cerca las noticias que nos han narrado las muertes bajo
proyectiles ocurridas en los puestos improvisados del plan “Patria
Segura”.
Hacemos contacto visual con los guardias armados con fusil.
Intercambiamos miradas. El rostro delata la corta edad del uniformado.
Quizás 18 ó 20 años a lo sumo.
De las
2.693 muertes ocurridas en 15 años a manos de los cuerpos de seguridad,
11% fueron responsabilidad de miembros de la FANB. Todas ellas por
“ejecuciones” y “uso excesivo de la fuerza”
Luego de un difuso gesto que insta a seguir, la
tensión baja tras haber superado con éxito esa barrera que pudiera
indicar la diferencia entre la vida y la muerte.
El asesinato de Luimener Pacheco y su hija de 12 años por
parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el pasado 4 de
julio, cuando transitaba con sus tres hijas por una calle de Coro en su
vehículo Corsa, expone nuevamente ante el país la violencia que se
ejerce desde los cuerpos policiales y militares contra los ciudadanos.
La mayoría de los 10 efectivos imputados por homicidio calificado en
este caso son jóvenes entre 19 y 21 años, quienes portando armas de
guerra atacaron a la indefensa madre y sus tres hijas.
Ello según los expertos, expone la falta de preparación de
esos efectivos para resguardar la seguridad de los ciudadanos y menos
aún para combatir el crimen.
Para Provea, el caso demostró que la FANB sigue violando los Derechos Humanos mientras que Cofavic sentencia que el Plan “Patria Segura” viola la Constitución Bolivariana.
Pero ese no ha sido el único episodio ocurrido en los últimos meses:
unos días después, el 9 de julio, Reny Adolfo Suárez, un “pimpinero” del
Estado Táchira fue detenido en una alcabala y murió al ser obligado a
ingerir gasolina por los militares.
El 27 de julio Zoe López fue detenida y asesinada en la Alta
Guajira por efectivos militares cuando se desplazaba por la región en
compañía de un hermano y otras tres mujeres.
El 14 de julio, Edwin Moisés Rivera, de 20 años, murió al recibir un
disparo en la espalda cuando un efectivo militar le dio la voz de alto
en el barrio La Bombilla de Petare.
El 24 de julio hallaron el cadáver del cabo II de la GNB,
Diosnny Manuel Guinand Yeudez (24), enterrado en la sede del comando en
Macarao.
El 8 de agosto, un efectivo del Ejército asesinó al alumno de la
Universidad de Carabobo, Ánderson Oliveros de 20 años de edad, en el
barrio El Romancero de Valencia.
Y vecinos de la avenida Baralt responsabilizan a un comando
de la GNB como responsables del asesinato de dos indigentes ocurridos el
sábado 17 de agosto en horas de la madrugada.
La cifras recogidas en el informe de Provea
“15 años sobre DDHH” indica que entre 1997 y 2011 se han producido
2.693 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado.
De ellos, el 11% son atribuidos a la FANB. De esas muertes 66%
ocurrieron por ejecuciones perpetradas por los cuerpos de seguridad; 8%
por uso excesivo de la fuerza y 19% por otras causas.
Cabe destacar que las cifras ofrecidas por Provea son tomadas
del CICPC. Pero cifras ofrecidas por el Ministerio Público en su “Plan
de Seguimiento de Casos sobre violaciones a los Derechos Fundamentales”
registró 7.243 violaciones al derechos a la vida entre 2000 y 2007, cuya
responsabilidad es atribuible a funcionarios policiales y militares.
Asimismo, el Ministerio Público reconoció que entre 2006 y 2010 hubo
30 mil nuevos ingresos en casos que fueron denunciados ante el organismo
por violaciones a los Derechos Humanos.
Es decir, se trata de casos que la Fiscalía conoce en sus informes
anuales de acuerdo a las denuncias recibidas que contemplan torturas,
violaciones al derecho a la vida o detenciones ilegales.
Plan Patria Segura
Vestido de blanco y con el brazalete tricolor en el brazo
izquierdo, Nicolás Maduro encabezó el lanzamiento del “Plan Patria
Segura” que según destacó cuenta con más de 3 mil funcionarios del
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Este nuevo plan que se agrega a otros 20 del período de Hugo
Chávez sería la continuación del anterior “Misión a Toda Vida Venezuela”
a la que se le incorporó el elemento militar, invirtiendo el concepto
civil de la seguridad.
A diferencia de su “padre político”, desde el Patio de Honor
Universidad Militar Bolivariana del Ejército, Maduro admitió que el
problema más importante que tiene la sociedad venezolana por resolver es
la criminalidad.
“Le toca a la FANB, al Ejército, a la Guardia del Pueblo, PNB, CIPC,
Sebin. Los llamo al servicio de la patria. Tiene que ser más operativo,
algo más que patrullaje. Tiene que ser con consciencia, pasión,
compromiso y amor”, comentó a los efectivos presentes en el acto.
Sobre el caso de la “masacre de Falcón”, la Fiscal general Luisa
Ortega Díaz aclara que los efectivos que actuaron en ese homicidio no
formaban parte del Plan Patria Segura, sin embargo el comando militar
estaba en labores de seguridad.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, el militar
Rodríguez Torres, a cargo del organismo que irónicamente agrega a sus
siglas la coletilla de “Paz”, defiende el plan señalando que los
homicidios han disminuido 27%.
Pero las cifras de cadáveres que ingresan en la morgue delatan otra
perspectiva con una cifra cercana a los 450 cadáveres al mes, de los
cuales 70% son homicidios, descartando otras variables como
“enfrentamientos” y accidentes de tránsito.
La oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas ubica a
Venezuela como uno de los países con mayor índice violencia en el mundo.
De haber estado en 12 homicidios por 100 mil habitantes en el
año 1995, en 2011 llegamos a los primeros lugares con 45,1 homicidios
por 100 mil habitantes.
Es de señalar que la cifra de la ONU es bastante conservadora
entendiendo que este organismo basa sus datos estableciendo un promedio
en la data que levantan las ONG y los organismos oficiales de los
gobiernos.
En contraste, para el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas
registra un índice muy superior. Según sus estimaciones Venezuela
registró 75 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Impunidad para los agresores
Liliana Ortega ha explicado que cuando se habla de
violaciones a los Derechos Humanos no son delitos comunes, sino que
tiene que ver con situaciones en donde hay una agresión en la que hubo
una intervención de funcionarios del Estado, o de grupos de personas que
actuaron con la aquiescencia del Estado.
Por ello son delitos cometidos por entes o funcionarios públicos.
Según Cofavic, los datos aportados por el propio Ministerio
Público, 93% de estas denuncias terminan en sobreseimiento. Solo 7%
logra ver a un juez y apenas 4% terminan en condena.
Las manifestaciones
El informe “15 años de DDHH” de Provea registra que entre 1997
y 2011 se han producido 24.051 manifestaciones públicas. Es de destacar
que la conflictividad social ha ido en aumento cada año al mismo tiempo
que la represión de las mismas.
En 1997 se registraron 550 manifestaciones de calle y fueron
reprimidas 44. En 2011 la cifra remonta a 4.472 manifestaciones de las
que 134 fueron reprimidas. En ellas hubo 39 asesinatos, 2.963 heridos y
4.053 detenidos.
Durante las manifestaciones de los días 15 y 16 de abril en protesta
por los resultados electorales ofrecidos por el CNE resultaron
gravemente heridas 104 personas.
Varios casos tuvieron que ver con disparos a corta distancia por
parte de efectivos de la GNB ocurridos después de que la persona estaba
detenida.
Es de destacar que la actuación del la GNB en Lara estuvo
coordinada desde la guarnición militar desde donde se impartieron las
órdenes para reprimir las manifestaciones.
Otras denuncias fueron por torturas y golpizas en los centros
de detención del comando regional. Al menos 72 de estos casos están
denunciados en la Fiscalía y en instancias internacionales.
Esta situación revivió hechos ocurridos en 2004 cuando la GN y
fuerzas especiales del Ejército reprimieron las manifestaciones
utilizando armas de guerra con el resultado de 10 fallecidos y 300
heridos, varios de ellos por disparos de fusil.
Inconstitucional
El artículo 332 de la Constitución establece claramente que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”.
La ONU tiene una resolución muy completa sobre el tema del
“empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de
hacer cumplir la Ley”.
Entre muchos aspectos destaca que: “Los gobiernos adoptarán las
medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el
empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Así mismo establece que: “No se podrán invocar
circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política
interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar
el quebrantamiento de estos Principios”.
Para medir lo delicado que es para los gobiernos democráticos la
militarización de las policías tenemos un ejemplo reciente en el
Salvador cuando, el pasado mes de mayo, la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucional” la designación de
David Munguía Payés como ministro de Seguridad Pública y Justicia y de
Francisco Ramón Salinas como director de la Policía Nacional, alegando
su condición de militares, dado que vulneraba el artículo 159 de la
Constitución de ese país que establece la separación de funciones de la
defensa nacional y la seguridad pública.
La sentencia se produjo a pesar de que ambos generales se encontraban
en situación de “retiro” señalando que “los aludidos generales, en la
medida en que no han finalizado su carrera militar, sino que se
encuentran en una situación de retiro, no han dejado de ser militares”.
(Francisco Olivares, El Universal, 25.08.13)
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