jueves, 13 de junio de 2013

Caminata universitaria por las reivindicaciones




Diario El Impulso.

Escrito por Marianli Suárez Valera/Fotos: Daniel Arrieta

La protesta del sector universitario se hace cada día más contundente, luego de tres meses de manifestaciones, la innovación y originalidad del sector se presenta en las calles de las principales ciudades del país.
 

En Barquisimeto las tres universidades más importantes como lo son la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Luis Beltrán Prieto Figueroa, se han unido en una sola voz, en un comando intergremial que ha iniciado desde el día de ayer una marcha en la cual recorrerán 400 kilómetros en caminata hasta la ciudad de Caracas, donde una vez más darán a conocer sus peticiones ante el Ministerio de Educación Superior.

Hemos sido testigos de las renuncias, concursos desiertos y cambios de dedicación que nos llenan de tristeza profunda pues significa el desmantelamiento de la academia que afecta el desarrollo de la sociedad que queremos a través de una sociedad libre, autónoma y democrática”
Obreros, administrativos y profesores se unirán en este recorrido que a su paso por las diferentes ciudades conseguirá unir a otras universidades que se sumarán a esta original protesta.

Al respecto, Déborah Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Ucla, destacó que los universitarios han sido innovadores en esta lucha, en una caminata de 400 kilómetros por la dignidad universitaria, no solamente por los salarios, sino también por la crisis que se vive en las diferentes casas de estudio.
“Nosotros cumplimos con la labor de formar a los jóvenes, darle apoyo a las comunidades, resolver problemas que afectan los diferentes escenarios de la sociedad civil con cosas muy puntuales producto de la investigación y, al no recibir los recursos y el salario que nos corresponde trae como consecuencia que las universidades no puedan cumplir con su responsabilidad”.

Indicó que la comunidad universitaria ha visto lesionado el día a día, con unos salarios deprimidos y un deterioro en su calidad de vida.
“Hemos sido testigos de las renuncias, concursos desiertos y cambios de dedicación que nos llenan de tristeza profunda pues significa el desmantelamiento de la academia que afecta el desarrollo de la sociedad que queremos a través de una sociedad libre, autónoma y democrática”.

También docentes de la Upel- IPB se unieron a este recorrido, Eduardo Mendoza, presidente de Aproupel, indicó que el principal objetivo es resaltar la labor de las universidades y la grave situación por la cual atraviesa la academia en el país.
“Esta es una forma de seguir afianzando la fuerza universitaria en la región y decirle al Gobierno que nos dé una respuesta satisfactoria lo más pronto posible”. (Marianli Suárez Valera / Daniel Arrieta, El Impulso, 11.06.13)



Sindicato de Cantv espera decisión sobre nueva jornada laboral

cantv
Correo del Caroni Posted: 11 Jun 2013 12:20 PM PDT

La Unión de Obreros y Empleados de Telecomunicaciones del estado Bolívar (Uoeteb) aún espera que la Inspectoría del Trabajo se pronuncie sobre la modificación de la jornada laboral en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
El sindicato introdujo un reclamo el pasado 16 de mayo ante el incremento de las horas de trabajo que, según la secretaria general Arelis Bruces, se produjo bajo la excusa de la aplicación del nuevo reglamento de la jornada laboral.

Tras 20 días de haber interpuesto la queja, aún el ente ministerial no ha convocado a los representantes de la empresa.
El sindicato sólo fue invitado a una reunión el miércoles, pero sin la participación del patrono.

Producto de la concentración de todo el personal en un turno, denuncian que laboran hacinados: para 15 trabajadores sólo hay ocho puestos
El Comité Ejecutivo reclama que, con el nuevo horario, los trabajadores laboran 40 horas ordinarias semanales y no 30, como lo venían haciendo con dos turnos de trabajo en la oficina de atención al público en el Centro Comercial Babilonia.

Producto de la concentración de todo el personal en un turno, denuncian que laboran hacinados: para 15 trabajadores sólo hay ocho puestos.

La secretaria de trabajo y reclamo, Yesenia Guzmán, indicó que sólo el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) atendió a la convocatoria por el hacinamiento denunciado pero aún esperan conocer del informe resultante.

El sindicato pide que se sancione a la empresa conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.

Además convocaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que “ordene la restitución de los derechos humanos violentados por la comisión electoral (que organiza las elecciones sindicales) al no cumplir con el cronograma consignado”. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 11.06.13)

Esperanza Hermida / Leyes y Derechos Humanos

“Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”
Nelson Mandela

Con la aprobación de la Ley contra la Tortura, Venezuela ingresa al concierto de naciones que a través de una legislación nacional específica, busca implementar la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).

Abrigamos la esperanza de que este instrumento ayude a erradicar prácticas que han signado y aún hoy siguen marcando con su huella, la actuación del funcionariado policial y militar componente de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela.
Pero responsablemente tenemos que llamar la atención en el sentido de acompañar la aplicación de la ley, con el fortalecimiento a la educación en derechos humanos.

"Las contradicciones en las ejecutorias de las autoridades, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales por una parte y por la otra, las violaciones de los derechos civiles y políticos, enrarecen el ambiente y conducen a la inexistencia, en la práctica, de mecanismos eficaces para su protección y desarrollo."
Educación que no sólo involucra al aparato represivo del Estado sino a los funcionarios que ocupan cargos en diferentes niveles y organismos, incluyendo defensores públicos en los diversos ámbitos del derecho individual o colectivo de las personas, a fiscales del Ministerio Público, Jueces, Juezas y personal auxiliar que labora en la Administración de Justicia.

Más sin embargo es preciso ir más allá de la ley y los programas complementarios que ayuden a su implementación. Es necesario reiterar la necesidad de la coherencia en las políticas públicas, para que las leyes surtan su efecto y garanticen los derechos humanos.
Las contradicciones en las ejecutorias de las autoridades, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales por una parte y por la otra, las violaciones de los derechos civiles y políticos, enrarecen el ambiente y conducen a la inexistencia, en la práctica, de mecanismos eficaces para su protección y desarrollo.

No es coherente que los cuerpos de seguridad apliquen patrones de tortura física y psicológica a quienes protestan exigiendo lo que consideran es un derecho político legítimo, como en el caso de Barquisimeto y Valencia los días 15 y 16 de abril próximo pasados.

Es contradictorio con el espíritu que anima la voluntad política de aprobar en el parlamento una ley contra la tortura, el amenazar desde el alto nivel del Ejecutivo Nacional a los trabajadores de la estatal eléctrica, CORPOELEC, acusándoles de presunto sabotaje por las fallas que acusa el sistema de suministro del servicio.
Tampoco es correspondiente con el esfuerzo que impulsó la puesta en vigencia de la ley contra la tortura, el mantener sometido a juicio militar a unos trabajadores que en el estado Táchira ejercieron su derecho a la huelga en el sector construcción y al capitán Pemón Alexis Romero, en el estado Bolívar, por defender el derecho al trabajo de su pueblo.

Por una calle avanza la ley desarme y por una vía paralela la convocatoria a integrar las “milicias obreras”. Ambas propuestas son generadas desde el gobierno nacional.
Hace pocas horas estalló una paralización indefinida en la mayoría de las universidades públicas nacionales, como medida de presión de los docentes organizados en FAPUV para exigir al gobierno el cumplimiento de las normas de homologación (aumento del salario).
Estas normas representan para ellos, el instrumento fundamental de carácter colectivo válido desde 1982, para indexar su remuneración al ritmo de la inflación. La paralización, según todo lo recogido por la prensa, es producto de diversas consultas a la base profesoral y surge después de agotar otros medios de diálogo…

Pero hace también unos días se instaló la denominada reunión normativa laboral del sector universitario, convocada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y donde participan sindicatos de obreros, empleados y docentes organizados en FETRAUVE.
Este espacio discute y evalúa una convención colectiva diferente a las normas de homologación, aunque aparentemente reúne a una parte del colectivo docente.

Algo parecido sucedió hace aproximadamente dos años en el sector salud, pues por un lado enfermeras y médicos reclamaban reivindicaciones, mientras el gobierno graduaba médicos “integrales” para sustituir la fuga de personal calificado y en paralelo instalaba mesas de diálogo con las sociedades médicas de los hospitales del país, desconociendo la Federación Médica Venezolana y demás organizaciones sindicales.

La verdad hoy es que la crisis de este sector es cada vez más grave. Evidentemente, todas estas contradicciones dificultan el logro de consensos sociales y sobre todo, el avance de conjunto en el respeto a los derechos humanos, especialmente los laborales y el derecho a la salud. Recordamos al gobierno que los derechos humanos son indivisibles y universales. Es decir, para todos y todas.

Los Universitarios dicen ya basta: Análisis del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y ConflictoVe

El gobierno le cobra a las universidades la osadía de ser críticas

El paro indefinido decidido por los profesores esta garantizado en el derecho constitucional


En los últimos cinco años el mundo laboral lidera el ranking de las protestas en Venezuela. Ademas del número de protestas destacan la intensidad y magnitud de los conflictos. Las industrias básicas y el sector construcción han sido ejemplos recurrentes de la conflictividad laboral.
La paralización indefinida decidida por los docentes de la educación superior esta garantizada en el derecho constitucional y humano a la manifestación pacifica y también en el derecho a la huelga

Intervención Siglo XXI

Dentro de este panorama los obreros, empleados y profesores universitarios han tenido también un lugar preponderante. Las universidades autónomas han navegado en un mar de conflictividad durante la ultima década. En 2013 el conflicto en la educación superior ha alcanzado niveles insostenibles.

El gobierno nacional ha cobrado a las universidades autónomas la osadía de ser críticas y no plegarse a las lineas políticas del oficialismo. Hoy, los representantes del poder no entran a las universidades con tanques y perdigones, como en épocas pasadas, ahora simplemente las asfixian financieramente. 

Una sutil forma de intervención.

La estrategia en contra de las universidades es muy parecida a la aplicada a las organizaciones sociales: intimidación y mecanismos legales para restringir sus fondos y su funcionamiento.
Bajo este esquema gubernamental de amenazas y asfixia, más de una organización ha cedido y se ha arrimado a lineas del oficialismo para poder sobrevivir. Y eso es lo que ha buscado el actual gobierno desde 1.999: tener universidades complacientes y acríticas.

Paro indefinido

La semana pasada los profesores universitarios de la Universidad Central de Venezuela, UCV, optaron por mayoría de votación, por el cese de sus actividades.
Decidieron pues unirse a la paralización indefinida de actividades convocada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), que agrupa a cuarenta mil profesores universitarios de todo el país, después de realizar distintas actividades de protesta y de no llegar a acuerdos sobre las reivindicaciones salariales con el Ministerio de Educación Universitaria.
Piden los profesores, entre otras cosas, un diálogo sin exclusión y que se garantice el fiel cumplimiento de los derechos laborales establecidos en la Constitución Nacional y rechazan además el acoso judicial del que han sido objeto a través de un recurso de amparo sobre el derecho al estudio.

La criminalización de la protesta como política de Estado, se está aplicando ahora al conflicto universitario.

La crisis universitaria es compleja y tiene varias aristas. Por un lado está el paro profesoral, que tiene una motivación reivindicativa justa. Solo hay que ver el sueldo de los docentes universitarios: muchos ganan al mes un poco mas de sueldo mínimo.
Pero también está en juego la vida misma de las universidades autónomas. La crisis de recursos alcanza también a obreros, empleados, estudiantes, la investigación y a la infraestructura.

Existe pues una crisis abierta que impacta de lleno en el corazón mismo de la Universidad. Una crisis que va más allá de las reivindicaciones laborales de quienes allí trabajan.
El gobierno, que en este caso es patrón, es el que tiene que garantizar el derecho a la educación y está obligado a sentarse a dialogar y a buscar salidas y soluciones.

Protestar es un derecho

La paralización indefinida decidida por los docentes de la educación superior esta garantizada en el derecho constitucional y humano a la manifestación pacifica y también en el derecho a la huelga. Una medida extrema para hacer entrar en razón a quienes ostentan el poder desde el Ejecutivo.

Las universidades son autónomas e independientes y, al igual que las ONG, se lo han hecho saber al gobierno.

Los miembros del Ejecutivo Nacional quedaron desplazados por la sensatez y el espíritu reivindicativo e irreverente de la universidad venezolana, que no se ha doblegado nunca a ningún gobierno.

@MarcoAPonce y @mlhccs (ConflictoVe, 10.06.13)


Sobreprecio de alimentos en mercado supera 200%

La carne es un ejemplo del precio regulado versus el precio de compra. (Foto El Carabobeño)


Luis Carías | lcarias@el-carabobeno.com
Preocupaciones claras en el Ejecutivo por la inflación galopante impulsan movimientos para cerrar cualquier fisura en torno a los controles de precios, encontrados de frente con la realidad del mercado, donde el sobreprecio de los alimentos sobre las regulaciones supera el 200%. 

La cifra del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas) asciende exactamente a 209,3%, y comprende la diferencia entre los precios controlados y los que se observan al salir a un mercado. 

Realidad más directa retrata Luis Pino, profesor en una escuela pública, quien observa aumentos desmedidos al finalizar cada semana. La carne es un ejemplo más gráfico: si bien está regulada en 27,29 bolívares el kilo, la adquiere a Bs 80 o 90, aunque conoce de personas que cancelan el doble por mayor calidad. 

En Gobernación esperan hasta un mes para consulta médica

Los trabajadores del Ejecutivo regional esperan que se mejore su situación en torno a las aseguradoras.











El Ejecutivo regional mantiene una deuda de cinco meses con Multinacional de Seguros. Empleados denuncian las pésimas condiciones del servicio que ofrece Seguros Catatumbo. Sindicatos podrían reunirse hoy para discutir la situación

"Tiene cita el 28 de junio, a las 9.40 de la mañana", esa fue la respuesta del personal del Centro Integral La Familia, ubicada detrás del colegio Las Mercedes. La urgencia por una complicación por las hemorroides solo hicieron eco. Oswaldo Díaz consiguió cita para una consulta con un especialista 18 días después. El mismo sinsabor lo experimentó hace dos meses su esposa Lisseth Fereira, quien pidió examinarse con un ginecobstetra por una fibromatosis. La disponibilidad del centro era para después de 30 días. 

Catalogan como "pésimo" el servicio que ofrece Seguros Catatumbo. Díaz, quien trabaja en la Secretaría de Cultura, asegura que la atención médica ha empeorado desde mayo, cuando la aseguradora comenzó a trabajar de la mano de la Gobernación del estado Zulia. "La atención es peor que en un hospital y que en el Seguro Social". 

Carlos Petit, secretario general de Fetrazulia, denunció que las irregularidades se han venido presentando desde mayo cuando Salvador González, secretario de Administración del estado, decidió pedir una prórroga a la aseguradora Multinacional de Seguros. "En ese momento evaluaron varias licitaciones. Fue ahí cuando decidieron trabajar con Seguros Catatumbo. Denuncian que desde ese entonces las clínicas del estado se niegan a atender a los trabajadores de la Gobernación por las deudas pendientes que mantiene con ellos el Ejecutivo regional. 

Aseguran también que el número de clínicas que presta el servicio se ha reducido casi el 50 por ciento. "Antes podíamos ir al centro asistencial más cercano, ahora tenemos que hacer un recorrido por toda la ciudad, así gastamos más tiempo y dinero". Los que se encuentran en otros municipios parecen ser los más afectados. Pues las opciones han disminuido de una manera considerable. 

"Hemos trabajado para que la Gobernación se ponga al día con las instituciones. Los trabajadores no pueden seguir pagando los platos rotos", dijo Petit. El proceso de reembolso de Multinacional también se hace cuesta arriba. El saldo pendiente que mantiene el Ejecutivo regional retrasa la devolución del dinero. 
Díaz asegura que algunos empleados no han recuperado la suma que invirtieron en medicamentos y antibióticos para sus tratamientos médicos a principio de año. Petit no detalló el monto de la deuda, sin embargo, informó que equivale a cinco meses pendientes. 


Sunep CVG ultima detalles de elecciones


La comisión electoral para los comicios de Sunep-CVG que deberían realizarse este año, ha continuado avanzando en el proceso, pues esperan ya la entrega de las listas de los 782 electores que tienen, debidamente selladas y visadas por el Ministerio del Trabajo, con lo que se cumplirá el último requisito que exigía el CNE para avalar la realización de su proceso electoral.
Según informó Luis Ramos, la lista de trabajadores del Sunep que pueden votar, o sea todos los fijos en la CVG, ya que los contratados están fuera; se encuentra en el Ministerio de Trabajo para su revisión y sello, que al parecer ya se efectuó, por lo que no les resta otra cosa que  esperar la entrega del documento para acudir con él al CNE en Bolívar, donde les han exigido este requisito para darle el visto bueno a las elecciones del sindicato.
Mientras se han ido adelantando los pasos determinados en el cronograma  electoral fijado, que contempla el proceso de votación para el venidero 12 de julio, esperando que una vez que el CNE valide las elecciones se puedan ceñir al mismo cronograma que tienen ya modificado por las reiteradas elecciones nacionales y regionales del país.

A tal fin comentó que ya se inscribieron un total de 4 planchas para las elecciones, lo que demuestra la alta motivación de los trabajadores de la CVG para elegir a sus representantes, estas son:

La plancha 1 encabezada por Ramón Gómez.

La  27 dirigida por Radwan López

La 45 del actual secretario general Juan Gómez

La 69 de la trabajadora cevegista Milagros Reyes

Falta como siempre la respuesta del CNE a quien se le pasó un escrito explicando la situación y la necesidad de contar con la aprobación del ente, en virtud que el sindicato tiene dos  años con  los lapsos vencidos y se han puesto mil trabas oficiales para evitar que se realicen.   Que al parecer están completamente allanadas, por lo que plantean ceñirse al cronograma establecido y contar para julio con una nueva directiva que tenga la potestad de negociar la convención colectiva.   (GM/foto JF)