Nelson Mandela
Con la aprobación de la Ley contra la Tortura, Venezuela
ingresa al concierto de naciones que a través de una legislación
nacional específica, busca implementar la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975) y la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
Abrigamos la esperanza de que este instrumento ayude a erradicar
prácticas que han signado y aún hoy siguen marcando con su huella, la
actuación del funcionariado policial y militar componente de los cuerpos
de seguridad del Estado en Venezuela.
Pero responsablemente tenemos que llamar la atención en el sentido de
acompañar la aplicación de la ley, con el fortalecimiento a la
educación en derechos humanos.
"Las
contradicciones en las ejecutorias de las autoridades, respecto a los
derechos económicos, sociales y culturales por una parte y por la otra,
las violaciones de los derechos civiles y políticos, enrarecen el
ambiente y conducen a la inexistencia, en la práctica, de mecanismos
eficaces para su protección y desarrollo."
Educación que no sólo involucra al aparato represivo del
Estado sino a los funcionarios que ocupan cargos en diferentes niveles y
organismos, incluyendo defensores públicos en los diversos ámbitos del
derecho individual o colectivo de las personas, a fiscales del
Ministerio Público, Jueces, Juezas y personal auxiliar que labora en la
Administración de Justicia.
Más sin embargo es preciso ir más allá de la ley y los programas
complementarios que ayuden a su implementación. Es necesario reiterar la
necesidad de la coherencia en las políticas públicas, para que las
leyes surtan su efecto y garanticen los derechos humanos.
Las contradicciones en las ejecutorias de las autoridades, respecto a
los derechos económicos, sociales y culturales por una parte y por la
otra, las violaciones de los derechos civiles y políticos, enrarecen el
ambiente y conducen a la inexistencia, en la práctica, de mecanismos
eficaces para su protección y desarrollo.
No es coherente que los cuerpos de seguridad apliquen
patrones de tortura física y psicológica a quienes protestan exigiendo
lo que consideran es un derecho político legítimo, como en el caso de
Barquisimeto y Valencia los días 15 y 16 de abril próximo pasados.
Es contradictorio con el espíritu que anima la voluntad
política de aprobar en el parlamento una ley contra la tortura, el
amenazar desde el alto nivel del Ejecutivo Nacional a los trabajadores
de la estatal eléctrica, CORPOELEC, acusándoles de presunto sabotaje por
las fallas que acusa el sistema de suministro del servicio.
Tampoco es correspondiente con el esfuerzo que impulsó la
puesta en vigencia de la ley contra la tortura, el mantener sometido a
juicio militar a unos trabajadores que en el estado Táchira ejercieron
su derecho a la huelga en el sector construcción y al capitán Pemón
Alexis Romero, en el estado Bolívar, por defender el derecho al trabajo
de su pueblo.
Por una calle avanza la ley desarme y por una vía paralela la
convocatoria a integrar las “milicias obreras”. Ambas propuestas son
generadas desde el gobierno nacional.
Hace pocas horas estalló una paralización indefinida en la mayoría de
las universidades públicas nacionales, como medida de presión de los
docentes organizados en FAPUV para exigir al gobierno el cumplimiento de
las normas de homologación (aumento del salario).
Estas normas representan para ellos, el instrumento fundamental de
carácter colectivo válido desde 1982, para indexar su remuneración al
ritmo de la inflación. La paralización, según todo lo recogido por la
prensa, es producto de diversas consultas a la base profesoral y surge
después de agotar otros medios de diálogo…
Pero hace también unos días se instaló la denominada reunión
normativa laboral del sector universitario, convocada por el Ministerio
del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y donde
participan sindicatos de obreros, empleados y docentes organizados en
FETRAUVE.
Este espacio discute y evalúa una convención colectiva diferente a
las normas de homologación, aunque aparentemente reúne a una parte del
colectivo docente.
Algo parecido sucedió hace aproximadamente dos años en el sector
salud, pues por un lado enfermeras y médicos reclamaban
reivindicaciones, mientras el gobierno graduaba médicos “integrales”
para sustituir la fuga de personal calificado y en paralelo instalaba
mesas de diálogo con las sociedades médicas de los hospitales del país,
desconociendo la Federación Médica Venezolana y demás organizaciones
sindicales.
La verdad hoy es que la crisis de este sector es cada vez más grave. Evidentemente,
todas estas contradicciones dificultan el logro de consensos sociales y
sobre todo, el avance de conjunto en el respeto a los derechos humanos,
especialmente los laborales y el derecho a la salud. Recordamos al
gobierno que los derechos humanos son indivisibles y universales. Es
decir, para todos y todas.
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