El salario es la retribución que recibe el trabajador por su aporte a
la actividad productiva, por tanto en las empresas de producción de
bienes y servicios es un costo de producción. Si se trata de empresas
manufactureras, generalmente es un costo menor al lado de las materias
primas y otros insumos necesarios para producir. Igual vale para las
empresas del sector comercio, en donde el costo más elevado es la
adquisición de los productos para comercializarlos. Por su lado, en las
compañías de servicios el porcentaje del precio de la fuerza de trabajo
en el costo del servicio es un tanto mayor.
Por su lado, las materias primas y los insumos necesarios para
producir están generalmente indexados al ritmo de la inflación, salvo
los casos de bienes y servicios regulados. No pasa lo mismo con los
salarios, los que apenas en su nivel mínimo experimenta la revisión
anual. Pero no hay revisión anual del resto de los salarios. Hay que
tener presente que los salarios mínimos deben ser referenciales, son la
puerta de entrada a la actividad productiva, y no como lugar de estadía
para trabajadores que llevan años de prestación de servicios. Por ello
el número de trabajadores en el nivel del salario mínimo, es según lo
que señalan voceros oficiales, es de 3 millones (http://bit.ly/11tgtNJ).
En cuanto a las categorías superiores en materia de ingresos, más de
cinco millones de personas están en la informalidad y otros cinco
millones del sector formal que representan el 72,14% ganan hasta dos
salarios mínimos, y solo el 27,8% de la población formal ocupada hasta
el segundo semestre de 2012 gana más de tres salarios mínimos, según
análisis a partir de los datos del INE (http://bit.ly/12yLDrc).
En los entes estatales no hay políticas salariales para los niveles
que están por encima del salario mínimo. Esta revisión queda en manos de
las demandas que formulen los propios trabajadores a través de sus
organizaciones. Sin ellas, el desbalance y asimetría entre empresas y
trabajadores hace inviable una presión para la revisión. Además la
revisión es la que se realiza vía convenios colectivos, que suelen tener
una vigencia de dos o tres años. Pero en los últimos años, esta
revisión ocurre con intervalos mucho más largos, ya que los convenios se
vencen y se toma un prolongado tiempo para renovarlos. Cuestionamiento a
las propias organizaciones representativas de los trabajadores es uno
de los recursos más utilizados por el patrono estatal. Si las
organizaciones son sumisas, los problemas son menos complejos para el
lado patronal.
En tanto haya fluidez en los procesos de negociación colectiva, se
abre la posibilidad de construir una política salarial bipartita, es
decir resultante de las negociaciones, ya que el hecho de negociar abre
la posibilidad de administrar conjuntamente. El problema que se nos
presenta es que la fluidez negocial ha sido obstaculizada con la misma
política laboral gubernamental. La interferencia mayor resulta del afán
estatal de controlar las organizaciones sindicales. Todas las
regulaciones sobre materia sindical que emergieron en el período
bolivariano, han estado orientadas a interferir la autonomía sindical.
De ahí se ha derivado que los usualmente más de un mil convenios
colectivos negociados y firmados anualmente, en el lapso que va de los
años 60 a la primera mitad de los 90, ahora resulta que en los últimos
doce años apenas alcanzan a la mitad.
Consecuencia de lo anterior se vino abajo la política salarial de
revisión periódica en plazos conocidos y respetados. La institución de
las negociaciones colectivas vive su peor momento en las entidades donde
el Estado es el patrono. Para la magnitud de lo que este problema
representa en perjuicio para los trabajadores, si se quiere la
conflictividad no ha sido proporcional. Esto se explica por la
fragmentación sindical derivado de la política gubernamental, que lleva
el número de sindicatos a cerca de ocho mil, sin organizaciones sólidas
de segundo y tercer grado, y la mayoría de ellas con autonomía
restringida por la interferencia del patrono estatal.
Este escenario crítico para las negociaciones se agudiza con las
dificultades de funcionamiento, de caja, de recursos financieros, de
producción, de anarquía gerencial en general, lleva al patrono estatal a
proponer hacer un borrón de los compromisos contractuales históricos,
conquistados con un gran esfuerzo por las organizaciones de los
trabajadores en materia de beneficios de apoyo para la reproducción
misma del desgaste de su fuerza de trabajo. Es decir, beneficios en
materia de salud, previsión social, educación y capacitación, vivienda y
recreación. Todas áreas sensibles para los trabajadores.
Es cierto que en todas estas áreas de apoyo a la reproducción del
trabajo, el Estado tiene deberes con la ciudadanía. Sin embargo,
generalmente las conquistas contractuales en estos temas suelen ser de
mejor calidad que los servicios públicos equivalentes.
Cuando el patrono estatal propone el llamado salario social, hace
largas décadas que los trabajadores ya lo tenían. Véanse los contenidos
de los convenios colectivos, y se puede afirmar que eran más voluminosos
y detallistas en los beneficios sociales que en los temas del propio
proceso y organización del trabajo. Pero resulta que como todo esto se
ha venido deteriorando por incumplimiento patronal, ahora emerge la
propuesta de un tal salario social, o también unos convenios colectivos
socialistas, que pretenden ser impuestos por el patrono estatal
aprovechando la interferencia acumulada en los medios sindicales, vía
regulaciones, política laboral y restricciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario