Carta abierta a las organizaciones de derechos humanosde América Latina
Caracas, 17.04.13
A las organizaciones defensoras de derechos humanos,
A nuestros colegas del movimiento social y popular:
Ustedes nos conocen. Algunos de nosotros y nosotras tenemos más de 20 años como defensores y defensoras de derechos humanos. Nos hemos visto en muchos seminarios internacionales, hemos suscrito juntos innumerables comunicados y notas de prensa, hemos compartidos penas y alegrías, dudas y herramientas para fortalecer las organizaciones de las que somos parte. Con toda responsabilidad te hacemos llegar esta comunicación para que conozcas un resumen de nuestra versión sobre los acontecimientos recientes ocurridos en nuestro país, Venezuela.
Ustedes saben que, en el año 1998, saludamos la elección de Hugo Chávez como presidente como una oportunidad que se abría para trabajar por un plan nacional de derechos humanos. Recordamos que incluso, llegamos a reunirnos con él donde asumió el compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer los derechos humanos en el país. En 1999 participamos activamente dentro del proceso constituyente aportando nuestra experiencia acumulada que contribuyó, de manera decisiva, a la redacción final del Título III correspondiente a los derechos humanos y garantías que consagra los derechos civiles y políticos y de los artículos sobre derechos humanos incluidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Cuando pensamos que las condiciones estaban dadas para un trabajo articulado con el Estado para el diseño y monitoreo de políticas públicas con énfasis en derechos humanos, la polarización política indujo al poder Ejecutivo a la mala decisión de declarar que éramos sus enemigos y que no dialogaría más con nuestras organizaciones. En los últimos años hemos sistematizado y denunciado las dificultades de acceso a la información pública, así como las diferentes estrategias de criminalizar nuestro trabajo y, en general, el ejercicio del derecho a la protesta en el país, en particular por la reivindicación de derechos sociales. Asimismo, hemos denunciado los proyectos y leyes que intentan poner al margen de la ley tanto la recepción de cooperación internacional como nuestro trabajo de acompañamiento a las víctimas de violación a los derechos humanos.
Tras el fallecimiento del presidente Chávez se convocaron elecciones para el pasado 14 de abril. Las inequidades en el ejercicio del derecho a la participación, en el marco de citas electorales, han sido documentadas por organizaciones que han participado como observadoras en dichos eventos.. Desde hace varios años las organizaciones de derechos humanos hemos expresado preocupación sobre el desequilibrio en las campañas electorales, a partir del uso de los recursos del Estado a favor de una opción política. A pesar del ventajismo oficial los diferentes actores políticos consensuaron la vía electoral para la resolución de diferencias, dejando definitivamente atrás caminos antidemocráticos de nuestro pasado reciente. El día de la votación,
como pudimos corroborar a través del monitoreo propio de la situación, no se disimuló el uso de recursos públicos para favorecer la opción oficialista y se cometieron múltiples irregularidades electorales, las cuales ahora estamos documentando para nuestros informes. Los resultados fueron anunciados por el árbitro, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a las 11 de la noche dando como ganador a Nicolás Maduro por 250.000 votos de diferencia, en un margen menor del 2%. En un resultado tan cerrado, aunado a las denuncias sobre ilícitos electorales, era previsible que se solicitara un reconteo de los sufragios para despejar cualquier duda razonable sobre el resultado. Después de la divulgación de los resultados el candidato Henrique Capriles impugnó los resultados, un mecanismo no sólo previsto en nuestras leyes electorales, sino que ha sido activado en diferentes elecciones locales y regionales, revirtiendo resultados que habían sido forjados y manipulados. Cuando el presidente encargado Nicolás Maduro anunció, esa misma noche, que aceptaba la auditoría del 100% de los votos, pensamos que estábamos presenciando el fortalecimiento institucional de las herramientas democráticas de conciliación y resolución de conflictos. Sin embargo, nos equivocamos.
Al día siguiente diferentes voceros y voceras del alto gobierno, además de la propia rectora del CNE Tibisay Lucena, negaron la activación de este mecanismo, cosa que fue reiterada a continuación por el propio presidente y candidato Maduro, contrariando sus palabras de 24 horas antes. Esta negativa, el cierre de caminos políticos para la resolución del conflicto, generaba las condiciones para la violencia. Si bien no era un acto ilegal, era políticamente torpe que, en medio de una solicitud de impugnación, fuera proclamado Nicolás Maduro como presidente del país para el período 2013-2019, lo cual aumentó la crispación de un sector importante del país. El 15.04.13 fue convocado un cacerolazo para mostrar el rechazo a la negativa del reconteo de votos por el candidato Capriles, que fue acatado de manera masiva en las principales ciudades del país, así como en diversas poblaciones medianas y pequeñas y, dato significativo, en zonas populares identificadas tradicionalmente con el oficialismo. Esa noche, a falta de mecanismos de resolución pacífica y democrática del antagonismo, hubo excesos en ambos bandos, reportándose actos de agresión, intimidación, violencia, heridos y muertos en diferentes puntos del país.
El candidato Capriles, en el ejercicio legítimo de su derecho a la participación y manifestación pacífica, había convocado una movilización en Caracas para el 17.04.13 con la finalidad de solicitar formalmente al CNE la activación de los mecanismos de reconteo de sufragios. En alocución televisada Maduro literalmente prohibió la realización de la marcha, suspendiendo por la vía de los hechos las garantías constitucionales del derecho a la manifestación.
Diferentes voceros del alto gobierno, amplificados por el sistema nacional de medios públicos a nivel nacional, y por la cadena Telesur a nivel internacional, sostenían que los sectores no oficialistas intentaban repetir “el guión del golpe de Estado” del año 2002, una versión que comenzó a ser repetida, incluso, por redes de las que formamos parte. De esta manera, se ocultó deliberadamente que la negativa a la activación de un mecanismo institucional y democrático es el detonante de la crisis, abriendo cauce a la violencia. Ayer 16 de abril, el
presidente Maduró convocó a sus seguidores a enfrentar en la calle “el golpismo”, lo cual ampara la violación de derechos humanos de los ciudadanos que han participado en marchas opositoras. La línea gubernamental de actuación es promover la confrontación y no el diálogo con la mitad del país. Ante este panorama, las organizaciones nos hemos declarado en emergencia. Como consecuencia del anuncio de Maduro, el candidato Capriles suspendió la movilización prevista, en sus palabras, para evitar hechos de violencia que distrajeran el debate de su reivindicación del conteo del 100% de los votos. Esta decisión ayuda a bajar los niveles de la confrontación en el corto plazo, pero no sabemos por cuánto tiempo. Asimismo, el Presidente de la Asamblea Nacional, Teniente Diosdado Cabello, Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) negó el derecho de palabra de los Diputados opositores que deseaban intervenir en una plenaria del Parlamento y hoy por orden del Presidente de la Asamblea, fueron suspendidos de sus cargos los parlamentarios opositores que participaban como Presidentes en Comisiones Especiales de la Asamblea Nacional. Todo lo anterior significa un contundente desconocimiento de la voluntad popular que dio origen al mandato de los Diputados opositores electos durante los comicios de septiembre de 2010 y cuyos mandatos no estaban sometidos a ninguna discusión jurídica y con plena vigencia.
En medio de la polarización que hemos vivido en el país como organizaciones hemos apostado a la solución pacífica y democrática de los conflictos, a la promoción de la tolerancia y creemos que ante la crisis política que vive el país es fundamental una solución que garantice la gobernabilidad, lo cual pasa por el reconocimiento del otro, fortalecimiento de las instituciones y el diálogo como aspecto fundamental.
En virtud del respeto hacia nuestro trabajo común, conocer un resumen ejecutivo de nuestra opinión sobre lo que pasa en Venezuela. Creemos que es justo, en virtud del ejercicio del derecho a la participación, que el gobierno acceda al conteo de los votos, demostrando que la voluntad popular lo ha favorecido como en ocasiones anteriores. Nuestras organizaciones respaldan esta demanda, paralelamente al acompañamiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el rechazo de las expresiones de violencia e intolerancia, independientemente de donde vengan. Tenemos la seguridad que, como lo hemos hecho en el pasado, jamás avalaremos atajos antidemocráticos y que vulneren el estado de derecho en nuestro país. Sabemos que la situación de polarización hace difícil desde afuera tener la mejor información de lo que está pasando, por lo que te recomendamos contrastar permanentemente lo que leas sobre la situación en nuestro país, sin perder la perspectiva de protección a los derechos humanos. En la medida de nuestras limitaciones, intentaremos aumentar el flujo de informaciones generadas desde nuestras organizaciones.
En medio del clima de confrontación y de criminalización de la protesta pacífica, se está etiquetando a todos los que no hacemos un endoso acrítico e incondicional de los resultados electorales como factores “de la derecha”, con la misma ligereza con que en el pasado se nos calificó de “izquierdistas” o
“defensores de guerrilleros y delincuentes”. Esperamos que estas líneas te ayuden a discernir sobre lo que siempre hemos sido y no dejaremos de ser: defensores de los principios fundamentales de una sociedad democrática, del Estado de derecho y de los derechos humanos.
Agradeciendo la voluntad de ampliar la perspectiva sobre la situación a lo interno de Venezuela, nos despedimos calurosamente.
Firmas:
Ligia Bolívar O.
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Marino Alvarado
Coordinador General Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)
Liliana Ortega
Miembro fundadora del Comité de Familiares de Victimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic)
Alberto Nieves Director Ejecutivo, ACCSI Acción Ciudadana Contra el Sida
Yolanda D´Elias Acción Solidaria Padre Raúl Herrera Director Centro para la Paz y los Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela
Feliciano Reyna Presidente Civilis DDHH José Gregorio Guarenas Director Vicaria de DD.HH de Caracas
Hermana Maria José González Caritas Los Teques Justicia y Paz Isolda Salvatierra Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres
