La escasez de insumos básicos para la construcción,
la intensificación de los controles de precios y la especulación que ha traído
consigo, la improvisación en el diseño y aplicación de políticas
gubernamentales que incentiven la ejecución de una amplia cartera de proyectos
que se encuentra en las gavetas de los organismos públicos y empresas privadas,
así como también el malestar manifestado por los obreros frente al retraso en
la aprobación de la convención colectiva que les recompensaría de manera justa
sus arduas labores, son los factores que han generado la contracción sufrida
por este sector.
El presidente del Sindicato Único de la Industria
de la Construcción del estado Lara, Pedro Peña, aseguró que los costos de las
viviendas han incrementado en un 1.000 por ciento, lo cual afecta directamente
a los venezolanos -principalmente jóvenes insertos dentro de la actividad
productiva del país recientemente- y, en segundo término, a los trabajadores de
la construcción. Disminuyen las probabilidades de que los ciudadanos que
intentan construir o ampliar sus viviendas, apoyados en créditos bancarios y
ahorros propios, puedan conseguir los materiales básicos de construcción,
debido a que los precios se han disparado.
“Tal como está la situación, no pueden hacer nada
por sus casas porque el salario no les alcanzaría para comprar los insumos. A
duras penas, les alcanza para hacer el mercado semanal”, opinó Peña.
Frente a esta realidad, también se reduce la
capacidad del Estado de disminuir el déficit habitacional, el cual asciende a
tres millones de viviendas, de acuerdo a las declaraciones emitidas
recientemente por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles
Martini Pietri.
Las empresas privadas tampoco tienen la posibilidad
de ejecutar complejos habitacionales con la rapidez que demanda el país porque
los insumos le son vendidos a precios exorbitantes, calculados en dólares no
preferenciales. La razón de esta irregularidad es que los materiales baratos
son adquiridos por la red gubernamental para la consolidación de la Misión
Vivienda que, si bien ha aportado un número de unidades al sistema nacional, es
insuficiente.
Las ferreterías tienen poco que ofrecer y cuando
les llega un producto lo venden a montos impagables.
A este oscuro panorama se suma que el Gobierno
nacional no concreta la promesa formulada a los trabajadores de la construcción
de sincerar sus salarios, lo que repercute en la celeridad con la cual se deben
ejecutar los proyectos.
Durante su visita al diario EL IMPULSO, Pedro Peña
informó que los obreros de la construcción del estado Lara están esperando que
la solicitud formulada por las federaciones nacionales que aglutinan a estos
trabajadores, en conjunto con la Cámara Bolivariana y la Cámara Venezolana de
la Construcción, ante el ministro del Trabajo, de aprobar una nueva convención
colectiva que contenga un aumento de 30 por ciento, sea cumplida con vigencia
desde el 4 de julio, según lo acordado en estas conversaciones.
“Nosotros no estamos dispuestos a esperar más
porque hace un año venció el contrato y desde entonces nos tienen en zozobra. Estamos
cansados de los ofrecimientos de homologación que nunca se cumplen”, dijo Peña.
Ultimátum
El presidente del Sindicato de la Construcción de
Lara dio un ultimátum al ministro del Trabajo, al enfatizar que “de no respetar
los plazos establecidos, saldremos a las calles para protestar ante las sedes
del Ministerio del Trabajo, en Lara y en Caracas. Y si seguimos sin obtener
respuestas, paralizaremos todas las obras de los sectores público y privado de
Lara el lunes 8 de julio”.
Muchas razones motivan a este líder sindical a ordenar la radicalización de acciones.
“Los trabajadores están viendo poca seriedad en las
informaciones que nos están llegando de Caracas. El sector de la construcción
es el que dinamiza la economía y no es justo que nos traten de esa manera”.
El retardo de la homologación de la referida
convención colectiva afecta a 400.000 trabajadores a nivel nacional y a 20.000
trabajadores en el estado Lara.
El sector privado también está a la espera de la
concreción de este nuevo contrato para iniciar sus proyectos porque necesitan
reglas de juego claras.
En jaque
Las obras que pudieran paralizarse en caso de que
el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción del estado Lara cumpla el
paro anunciado son las siguientes:
-Urbanización Aves de Yucatán, proyecto de la
Misión Vivienda que se ejecuta tras la firma de un convenio entre Venezuela e
Irán. Está previsto que culmine el próximo año y contempla 4.032 apartamentos.
-La nueva cárcel para sentenciados, a culminarse
durante el mes de octubre, proyecto emprendido por el Ministerio de Asuntos
Penitenciarios.
-La nueva cárcel para procesados de Lara, la cual
estaría lista el próximo año y está en plena ejecución. Es otro proyecto del
Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
A la crisis que se podría generar a raíz de este
paro, se adiciona el malestar de los trabajadores afectados por el detenimiento
de los trabajos de reforzamiento de bases y rehabilitación de las Torres de El
Sisal, obra que no continuó debido a que la empresa América Proyecto 2021,
contratada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, se retiró del estado hace
meses.
Insumos por las nubes
Pedro Peña consideró conveniente esclarecer las
razones por las cuales al sector privado se le dificulta ejecutar proyectos
habitacionales.
“A los constructores privados no les llegan los
insumos, especialmente cabilla, cemento y mallas, sumamente esenciales para la
industria”.
Reiteró que están destinados únicamente para la
Misión Vivienda, por lo cual deben pagar entre 600 y 700 por ciento más sobre
el precio real de estos materiales cuando aparecen y después de hacer colas
kilométricas, como las que se están haciendo en los supermercados para comprar
harina y papel higiénico.
Las consecuencias de las distorsiones asociadas al
mercado de la construcción, sobre las cuales el Gobierno tiene poco control, es
el incremento excesivo del producto final, es decir, las viviendas.
“Un apartamento, de los más baratos, costaba hace
cuatro años 700.000 bolívares (700 millones de los antiguos). Ahora está en dos
millones y más”, confirmó el líder sindical.
El Impulso
Escrito por Coreen Villalobos Mundo
