A propósito de la visita de la Misión especial de la Organización
Internacional del Trabajo a nuestro país, diversas organizaciones
sindicales consignaron este miércoles 27.01.14 ante la representación de
este organismo, un documento contentivo del conjunto de denuncias de
violaciones a la libertad sindical cometidas por el gobierno venezolano,
y que en opinión reiterada de los sindicalistas, constituyen una grave
amenaza al sindicalismo autónomo y a la posibilidad de las y los
trabajadores de defender derechos frente a los posibles atropellos de
los patronos públicos y privados.
En el documento, los representantes sindicales expresaron su
deseo de que la Misión de la OIT constatara la “vocación democrática, de
pluralidad y de respeto a las diferentes opciones ideológicas que hacen
vida en el país”, y que –resaltan-, se vio reflejada en la presencia de
las diferentes corrientes y centrales sindicales del país, que
acordaron establecer una agenda unitaria para la defensa del derecho
humano a la libertad sindical.
En el
documento entregado a la Misión de la OIT, las centrales sindicales
expusieron las distintas violaciones y amenazas a la libertad sindical
en el país, y el desconocimiento del Gobierno Nacional a pactos
suscritos por la República
La representación sindical hace una reflexión en el
escrito, sobre los efectos negativos que ha tenido la polarización de la
sociedad venezolana en la autonomía de la clase obrera, cuyas agendas
de lucha han sido desplazadas por agendas externas, que han contribuido
enormemente a la atomización del movimiento sindical venezolano.
Resaltan a su vez el compromiso de la clase trabajadora y sus dirigentes
de exigir que se respeten sus conquistas laborales, “que no han sido
dádivas de nadie, sino que han sido ganadas con años de lucha”.
Más adelante el documento enumera el conjunto de violaciones
al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación ratificado por Venezuela en 1982. En tal sentido, denuncian
la escasa difusión del “Informe sobre las relaciones de trabajo en
Venezuela, elaborado por la OIT en 1991 que señala entre otras cosas el
“proteccionismo en las relaciones individuales y control estatal de la
actividad sindical. De ello es evidencia la minuciosa regulación de la
vida de los sindicatos y el protagonismo de la Administración del
Trabajo en el procedimiento para el registro de las organizaciones y en
los de negociación y huelga”.
Dicen los representantes sindicales, que la escasa publicidad del
Informe ha amparado una conducta reiterada por el Estado venezolano y
sus funcionarios, y que ha estado orientada a convertir en “natural” la
intromisión del Estado en los asuntos propios de la vida sindical.
Destacan que los órganos de control de la OIT “han sido informados de
los números actos de injerencia en la vida interna de las organizaciones
sindicales que han ocurrido desde el año 2000”, y advierten que sobre
ello han emitido varias resoluciones señalando su incompatibilidad con
el Convenio No 87, sobre libertad sindical. “De esa época data la
exigencia de que fuera reformada la legislación para dejar sin efecto
las facultades atribuidas al CNE en las elecciones sindicales y la
minuciosa regulación de la vida interna de las organizaciones
sindicales”, se desprende del escrito.
También se señalan los obstáculos que se presentan
actualmente para el ejercicio de la actividad sindical en el país. Los
sindicalistas denuncian la intención del Estado venezolano de
criminalizar las luchas de los trabajadores y refieren que prueba de
ello, son las normas dictadas para restringir y limitar el ejercicio de
derechos, y que han servido para judicializar los reclamos de los
trabajadores e intimidar a quienes dirijan o intenten realizar protestas
laborales. Mencionan los efectos de la Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación aprobada en 2002 para “castigar las protestas públicas, en zonas
definidas como de seguridad, con penas privativas de libertad hasta 10
años”, y suman a ella la Reforma del Código Penal del 2005, la Ley para
la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de 2010
y la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot
y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o
productos sometidos al control de precios de 2007.
“En todas ellas se establecen penas privativas de libertad hasta por
10 años por realizar acciones típicas del ejercicio de la libertad
sindical. Varios de los delitos previstos han sido usados para enjuiciar
a dirigentes sindicales por ejercer su legítimo de derecho a huelga,
siendo para nosotros emblemático el caso de Rubén González.” advierten
en el documento.
Cabe destacar que el Comité de Libertad Sindical de la Organización
Internacional del Trabajo ha emitido varios pronunciamientos respecto
sin lograr que el gobierno venezolano cese el uso del sistema judicial
para criminalizar a los dirigentes sindicales.
Los casos de Rubén González, Iván Freites, los asesinatos de
sindicalistas en el sector construcción, expropiación de locales de
organizaciones sindicales, la judicialización de la huelga realizada por
los profesores universitarios en 2013, entre otros, fueron presentados
ante la Misión de la OIT, haciendo referencia a que en gran parte de los
casos, el Comité de Libertad Sindical ya está en conocimiento de las
situaciones.
En nuestra opinión la iniciativa de las diversas centrales y
corrientes sindicales, de denunciar en forma conjunta las distintas
violaciones a la libertad sindical en el país, constituye un gigantesco
paso hacia la unidad del movimiento sindical venezolano, y por la
construcción de una agenda unitaria de luchas que permita a los
trabajadores del país, trascender la polarización política y avanzar en
la conquista y reconocimiento pleno de sus derechos. Saludamos este
esfuerzo hecho por buena parte de la dirigencia sindical y lo valoramos
como un ejemplo a seguir para el resto de las organizaciones del
movimiento popular venezolano. (Prensa Provea, 31.01.14)
Conoce el contenido del documento entregado a la Misión de la OIT o descárgalo en su versión PDF
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